La sentencia de los ERE, patente de corso para Montoro

Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE, auténtico baldón para la mayoría pastoreada por Conde-Pumpido y, desgraciadamente, para el prestigio del que -antes- podía ser denominado Alto Tribunal de Garantías (de todos y no solo de los amigos del Gobierno y de Inmaculada Montalbán), se convierte ahora en una patente de corso retroactiva para las lamentables actuaciones de Cristóbal Montoro, que, al menos indiciariamente, auspició o toleró que su antiguo despacho/consultoría, cual mala hierba, invadiera el terreno prelegislativo y presupuestario por el que los gobiernos pueden campear, indolencia en ristre; a cambio de jugosas retribuciones para sus adláteres (partidos políticos o amiguetes).

No era necesario conocer las noticias que sobre Montoro se han publicado para poder calificarle como un pésimo ministro de Hacienda, abusón, displicente y sobrado de sí mismo. Hizo inconmensurable daño a España y también a su propia formación política, cuya credibilidad acerca de sus promesas electorales en el ámbito tributario, hundió, con una voracidad recaudatoria contra el contribuyente y una utilización ventajosa de su cargo frente a posibles críticos o adversarios que contrasta con la alfombra roja que, en su ministerio, se tendía a los bien calzados pies de las empresas gasísticas, de bolsillos muy profundos.

Siendo sumamente grave el caso Montoro y resultando reconfortante que vuelva a constatarse que nuestros injustamente zaheridos tribunales del Poder Judicial persiguen los delitos con independencia de la adscripción política de los investigados, más preocupante es que, sobre el citado asunto, pueda proyectarse -como parece factible que suceda- la sombra de la deleznable creación de un espacio de impunidad para los cargos públicos en la zona de contacto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los Proyectos de Ley y de Presupuestos -cuando se elaboran y presentan en los tiempos y forma conforme a la Constitución reclama (lo que ahora no sucede)- corresponden al Gobierno.

Pero en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE, tratando de torcer el brazo a la Audiencia de Sevilla y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se coloca dicha actividad en un limbo jurídico, mediante la negación de que la misma pueda calificarse como propiamente administrativa. Se trata de un dislate que ha dado lugar a una encomiable reacción del tribunal andaluz que dictó la sentencia y que debe ejecutarla, consistente en el
planteamiento de una oportuna y fundada cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cual se pregunta si la creación del espacio de impunidad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional implica es conforme con el Principio del Estado de derecho protegido por la Unión.

«Por reducción al absurdo de su deleznable decisión en los ERE, Conde-Pumpido y Montalbán se han convertido en los mejores amigos del exministro Montoro»

Aplicando una sencilla regla de tres jurídica, si el espectro de penumbra prelegislativo y de preparación presupuestaria no es, a efectos penales, prevaricación, tampoco es cohecho o tráfico de influencias, que anidan sobre el concepto de funcionario que el Código Penal consagra.

Por reducción al absurdo de su deleznable decisión en los ERE, Conde-Pumpido y Montalbán se han convertido en los mejores amigos del exministro Montoro. Y lo que nos quedará por ver si la justicia europea no enmienda el desaguisado.