Melancolía del afrancesado

Nada podía convenir más al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el salto a primera plana de la investigación sobre los presuntos delitos cometidos por Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda en los Gobiernos de Mariano Rajoy. Se sospecha que Montoro legisló con el fin de favorecer los intereses de un conjunto de empresas gasistas, acaso beneficiándose económicamente —a través de la empresa de que era socio— de ello; según la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre los ERE, por cierto, solo esto último sería punible.

Sea como fuere, a Sánchez le viene bien porque puede transmitir a los ciudadanos la impresión de que todos los partidos son igualmente corruptos; que el caso afecte a un Gobierno amortizado hace ya mucho tiempo es indiferente a estos efectos: para quien aspira a ganar perdiendo —forjando una mayoría compuesta por un sinfín de minorías— todos los votos cuentan.

Esta línea de defensa tiene algunos inconvenientes, ya que los argumentos que los socialistas han venido empleando para defenderse de las pesquisas judiciales que afectan a los suyos pierden de golpe toda credibilidad: ahora resulta que los jueces no hacen lawfare contra la izquierda y aun cabe deducir que haber sido corrupto hace una década (Montoro) es al menos tan condenable como haberlo sido anteayer (Cerdán y compañía). Tampoco se sostiene el reproche de que todos los medios de comunicación son igual de serviles y, por lo tanto, ninguno es fiable: corresponde al periodista de Abc Javier Chicote el mérito de haber destapado la liebre del caso Montoro.

De hecho, no estamos leyendo en los medios liberales y conservadores análisis destinados a exculpar a Montoro, ni circulan por las redes acusaciones de lawfare; la recepción de la noticia sugiere que hay una parte de la opinión pública que realmente condena la corrupción venga de donde venga. Aunque quizá esto último sea wishful thinking: no faltan quienes aplauden la continuidad de Mazón —no es lo mismo, pero es lo mismo— en su cargo.

«El ‘caso Montoro’ quita toda la razón a Sánchez porque demuestra que los jueces y la prensa han de ser independientes»

En todo caso, los argumentos de los que echa mano el Gobierno a la luz del caso Montoro han de resultar particularmente desalentadores para cualquier demócrata. Y ello por una simple razón cronológica: las acusaciones contra el exministro de Hacienda se inscriben en una época que entendíamos superada después de la moción de censura con la que Pedro Sánchez vino a traer a nuestra democracia el espíritu regeneracionista que pareció apoderarse de los españoles durante la Gran Recesión.

Sin embargo, ha sucedido lo contrario: sus Ejecutivos han intensificado la colonización partidista de las instituciones, legislado en favor de la impunidad de los políticos incursos en causas penales y tratado de socavar la separación de poderes y la libertad de la prensa. Tampoco puede decirse que la gestión de los fondos europeos haya sido transparente, ni que los vicios del «Estado consultor» —según feliz expresión de Josu de Miguel— hayan hecho otra cosa que agravarse; tan preocupante es lo que vamos sabiendo, de Montoro a Cerdán, como lo que no llegaremos a saber.

De ahí que para los afrancesados españoles, la melancolía sea ya un estado crónico: aflora hoy la corrupción de ayer sin que nuestra democracia haya hecho los deberes. Y aún tenemos que aguantar que un operador político tan turbio como Pedro Sánchez se ponga medallas de honestidad a cuenta de lo sucedido hace una década. Es justo al revés: el caso Montoro quita toda la razón a Sánchez. Porque demuestra que los altos funcionarios, los jueces y la prensa han de ser independientes del poder político; y nos recuerda que la única manera de disciplinar a los partidos que se corrompen es votar de manera pragmática para echarlos del gobierno. ¡Hasta que aprendan!

Ya veremos si cae esa breva; o si es la breva del partidismo la que vuelve a caernos en la cabeza. Por si acaso, cómprense un casco.