Los kolditos invisibles y silenciosos

Mis investigaciones periodísticas sobre grandes casos de corrupción como Filesa, Gil, Fondos Reservados, Roldán o Gürtel me han mantenido alejado de otras corruptelas silenciosas a menor escala donde los kolditos invisibles se mueven entre las sombras. En los últimos cinco años me ha tocado sufrir en primera persona el desamparo al que están sometidos los ciudadanos, tanto por las corporaciones locales como por las comunidades autónomas. 

Durante ese tiempo, me he sometido a un experimento personal, con mucha paciencia, como cualquier vecino de una pequeña población, en mi caso de Aspe (Alicante), en el Valle del Vinalopó, donde nací y donde se cultivan las uvas de mesa que nos comemos en Navidad. Mi experiencia ha sido nefasta. He llegado a la conclusión de que, lejos de los montoros, correas y koldos de turno, la peor podredumbre política de España es la que sacude a muchos de sus 8.132 municipios, entre ellos, algunos de los 542 de la Comunidad Valenciana.

Lo más alarmante es que se trata de una degradación política -invisible y silenciosa- que afecta a la vida cotidiana y doméstica de millones de ciudadanos, que se sienten desamparados por las corporaciones locales. En unas instituciones en las que se asientan los cimientos de las sociedades democráticas desde que se aprobó la Constitución de 1978. 

El caso que voy a relatar cumple todos los parámetros de ese deterioro endémico que carcome a muchos de nuestros municipios. En agosto de 2020, con la pandemia de la covid todavía renqueante, la Policía Local de Aspe levantó un acta de inspección en un local de celebraciones de eventos que había surgido de la nada como una espora en medio del campo. Sus promotores habían convertido una vivienda unifamiliar en un salón de bodas pisoteando la normativa urbanística y el respeto al medio ambiente.

En el atestado policial se destacaba que el infractor había realizado unas reformas sin licencia municipal en una zona rural junto a una carretera con una carpa «de grandes dimensiones sobre solera de hormigón» y «el acondicionamiento de un terreno para uso de parking». Todos ello «para desarrollo de actividad relacionado con la celebración y restauración». El promotor de las infracciones no se escondía porque anunciaba en Internet su negocio con el rimbombante reclamo de Jardines de Gaéleo.

En octubre de 2020, denuncié ante la Policía Local a Jardines de Gaéleo, que funcionaba desde hacía dos meses sin que ninguna autoridad municipal lo impidiera. A continuación, presenté un escrito en el Ayuntamiento para que, así mismo, fuera entregado en la delegación de Territorio de Alicante. Solicitaba al alcalde de Aspe que prohibiera la celebración de esos banquetes y ordenara la reposición de los terrenos a su estado original, retirando la carpa ilegal «con un aforo de hasta 450 invitados» y «localizada en el campo», según rezaba su publicidad de su web. El propietario lo visibilizaba en las redes sociales con total impunidad. 

En otros escritos -media docena entre 2020 y 2025- dirigidos al alcalde de Aspe, Antonio Puerto, le avisaba, entre otros, de los problemas de inseguridad vial por la presencia de decenas de coche en un camino rural y por las maniobras de los autobuses en el cruce de la carretera autonómica CV-845 cada vez que se celebraba un evento.

El Ayuntamiento incoó varios expedientes contra el propietario de Jardines de Gaéleo, el ilicitano Abel Jesús Soler, pero nunca fueron ejecutados. Entre tanto, el infractor -desde la más fragrante ilegalidad- solicitaba a Territorio una Declaración de Interés Comunitario (DIC) -una ley que aprobó la Generalitat valenciana hace años para causas mayores- y al Ayuntamiento un Certificado de Compatibilidad Urbanística para un «establecimiento hotelero con restauración», que los técnicos municipales rechazaron por no cumplir la normativa urbanística.    

Por todo ello, viendo la inacción de las autoridades municipales, en septiembre de 2023 presenté una queja ante el Sindic de Greuges contra el Ayuntamiento de Aspe, y su alcalde, sustentada por innumerables documentos oficiales. Mi solicitud de amparo motivó un durísimo escrito de la institución valenciana dirigido al primer edil aspense. El Sindic de Greuges se centraba en la ausencia de transparencia, en las demoras injustificables y en la falta de medidas paliativas para resolver el contencioso y restablecer «con prontitud» la legalidad urbanística vulnerada. El Ayuntamiento, que contestó fuera de plazo alegando falta de personal, se mantuvo en la misma rutina, haciendo caso omiso de las recomendaciones del Sindic de Greuges.  

Hace unos días solicité por enésima vez por escrito al Ayuntamiento, tras un apagón informativo de más de un año, que me informara en qué situación se hallaba el procedimiento abierto contra Jardines de Gaéleo por mis continuadas denuncias. La responsable municipal de Territorio tuvo a bien responderme con rapidez y se lo agradezco. Me comunicó que «por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2024» se declaró la caducidad del primer expediente por «no haberse podido notificar la orden de demolición dentro del plazo legalmente establecido». O lo que es lo mismo: la pérdida de cuatro años de gestiones por la desidia del Ayuntamiento y su alcalde.

Algo realmente marciano ante los ojos de los ciudadanos y muy provechoso para el infractor porque, en todo ese tiempo, no dejó de explotar las instalaciones ilegales con la celebración de banquetes sin licencia ni control. La excusa de la imposibilidad de su localización para la entrega de notificaciones resultaba un insulto a la inteligencia humana y un desprecio a los ciudadanos. Habría bastado con acercarse un sábado por la noche a Jardines de Gaéleo y entregarle las notificaciones en medio de los saraos. Pero la Policía Municipal sólo cuenta en Aspe con dos patrullas para una población de casi 25.000 habitantes, en medio de un aumento de la delincuencia. 

Ese sospechoso desliz motivó la apertura de un segundo expediente el 30 de abril de 2024, que finalizó el 11 de junio pasado, de lo que me he enterado ahora por mi insistencia empistolaría. Un lustro después, el Ayuntamiento me ha comunicado que sigue pendiente de que el infractor retire la carpa levantada sin autorización. Pero todo es una pantomima porque el transgresor sigue celebrando sus banquetes. Recientemente, al menos que yo sepa, dos eventos para cientos de personas, los días 5 y 13 de julio. Sigue toreando al Ayuntamiento, a Territorio, a las policías Local y Autonómica, al Sindic de Greuges y a otros ciudadanos agraviados por la distinta vara de medir.

Todas estas circunstancias y avatares, después de un largo silencio, me han llevado a escribir este artículo como periodista y como ciudadano que busca lo mejor para los vecinos de Aspe.

El promotor ha podido actuar así porque los kolditos que se mueven en la sombras le han garantizado total impunidad, que ha premiado su contumacia, ante la desidia y la irresponsabilidad de los políticos municipales y autonómicos. En cualquier momento nos podemos encontrar con que la Generalitat le apruebe esa DIC, tras cinco años de sublevación legal. Esa no es la ejemplaridad que me prometía el presidente Carlos Mazón en las dos entrevistas que me concedió antes de que ganara las elecciones autonómicas. 

Me gustaría saber quién ha controlado durante todo ese tiempo de reiterativas infracciones las medidas sanitarias, antiincendios, sistema de residuos y aguas fecales o la seguridad vial de Jardines de Gaéleo. En octubre de 2023 un incendió asoló una discoteca en Murcia, que carecía de permisos, provocando la muerte a diez personas y heridas a otras 24. Aquella tragedia tampoco animó a la Administración municipal y autonómica a extremar los controles. Jardines de Gaéleo continuó concentrando a cientos de personas en su recinto ilegal sin ningún control. 

La afrenta social es aún mayor si destacamos que Aspe lo gobierna una corporación de izquierdas -Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)- que, según sus principios ideológicos, siempre se muestra respetuosa con el medio ambiente. Su alcalde, Antonio Puerto, en el programa de las municipales de 2019 utilizaba el eslogan electoral: «Lo primero, las personas». Mi experiencia me ha demostrado que el primer edil de Aspe se ha inclinado más por los lobbies urbanísticos que por las personas. Si el proceso se ha demorado un lustro es por culpa del alcalde y de su equipo de gobierno que han caído en la telaraña tejida por el entorno del promotor de los banquetes. 

¿Encuentran comprensible que, después de mis denuncias, del reconocimiento de los técnicos municipales de que Jardines de Gaéleo era un local contrario a las ordenanzas municipales, de la intervención del Sindic y de la tragedia de Murcia, el alcalde Puerto se presentara en esas instalaciones para celebrar como edil una boda? En las imágenes, que sigue usando en Instagram el promotor para promocionar su salón de banquetes, se ve a un alcalde trajeado y con micrófono en mano dirigiéndose a los contrayentes: «Os declaro unidos en matrimonio. Ahora sí, que se besen los novios». 

Aquellas imágenes me revolvieron las tripas. Aun así, no me provocaron ninguna extrañeza porque el dueño del local, Abel Jesús Soler, en una de las inspecciones de la Policía Municipal, en julio de 2022, declaró que había «recibido la autorización verbal del propio alcalde para trabajar» hasta que recibiera la licencia del Ayuntamiento «tras finalizar el trámite de la misma». No me lo invento. El entrecomillado aparece en un documento oficial del Ayuntamiento, fechado el 31 de marzo de 2023. El infractor declararía o no la verdad, pero el alcalde jamás ha desmentido públicamente ese supuesto compromiso, que, ateniéndonos a los hechos, hasta hoy día se sigue cumpliendo. 

Por otra parte, la concejal Rosa María Ruiz demostró tener el mismo cuajo que su jefe: repitió una ceremonia nupcial en octubre de 2024, incluso, después de que el Síndic de Greuges recomendara el cierre del local. Su presencia suponía un segundo blanqueamiento para la imagen del negocio pirata. Recientemente, el promotor ha desvelado que dispone de una licencia municipal para celebrar ceremonias nupciales. Inaudito. No entiendo cómo los jardines pueden ser ilegal para unas actividades y no para otras. 

El alcalde Puerto en su programa electoral también destacaba el eslogan: «Aspe más natural, más sostenible». Asumía entre sus cometidos «aumentar la vigilancia y control en las zonas rurales». ¿No son suficientes cinco años de denuncias y quejas para el cierre de un negocio que atropella al medio ambiente? ¿Dónde están los ecologistas de EUPV? Jardines de Gaéleo, después de más de 100 bodas sigue infringiendo el respeto al medio ambiente. En cada evento multitudinario, sin alcantarillado urbano, las 250 personas que allí se concentran generan una cantidad de residuos fecales incontrolables. Los grupos ecologistas de Aspe o del Vinalopó deberían actuar en situaciones como estas. 

Si la reacción del Ayuntamiento de Aspe en estos cinco años de desidia administrativa ha sido inaceptable, el comportamiento de la delegación de Territorio de Alicante ha sido aún más escandaloso. Continúa tramitando la aprobación de un DIC inviable, pero cuyo expediente sirve de pantalla para que el infractor siga celebrando los eventos. Al mismo tiempo, la Generalitat sigue sin ejecutar las decenas de multas contra el infractor que se elevan a decenas de miles de euros. 

Entre tanto, en su último escrito, el Ayuntamiento insiste en que «la clausura y precintado de las instalaciones ilegales son competencia de la Administración autonómica». Los ciudadanos corren el riesgo de que el día menos pensado algún koldito consiga la aprobación de un hotel o un salón de bodas en una vivienda unifamiliar en medio del campo limitada por un camino rural y una carretera comunitaria, sin rotondas y sin espacio para la seguridad vial. Resulta inaceptable que las autoridades autonómicas utilicen como excusa la apertura del procedimiento DIC para que el infractor siga organizando sus banquetes. O se infringe o no se infringe la ley. Lo demás son argumentos torticeros.   

Moraleja: si usted construye una barbacoa sin licencia en su finca está jodido. Multa al canto y orden de demolición. Si monta una carpa para más de 400 personas, organiza banquetes todas las semanas, convierte un bancal en un parking, no se preocupe: con un koldito puede obtener una bula de cinco años para explotar un negocio ilegal, a la vista de todos y anunciado en Internet. Después llega Territorio y le concede una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para premiar su trapacería. Lo del “interés comunitario” es una filfa. Aquí el único interés comunitario beneficia a una sola persona: a un promotor sin escrúpulos. Además, alienta la especulación, fomenta el fraude de ley, alimenta la desidia de unos políticos que no han estado a la altura de sus votantes y robustece a los kolditos profesionales. También sus bolsillos.