Cuesta abajo y sin frenos

España no ha dado respuesta satisfactoria a ninguna de las 19 recomendaciones que el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) le viene indicando desde hace seis años. Esta es la conclusión del reciente informe que ha sido hecho público hace escasos días y que, en su contenido, tiene abundantes concomitancias con el que emitió hace varias semanas la Comisión Europea en su Informe anual sobre el Estado de derecho.

La temática de los incumplimientos es recurrente. Se refieren a la regulación de los asesores gubernamentales, recomendación que no ha sido atendida; a los conflictos de intereses de los altos cargos, que se considera parcialmente tenida en cuenta por la aprobación de un decreto que regula la Autoridad encargada de tales menesteres que tiene que adoptar una estrategia integral al respecto; al acceso accesible a las informaciones públicas, que no acaba de ser efectivo; la aprobación del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en 2024) que precisa tener aplicación práctica todavía; a la regulación de los lobbies, que no ha ido más allá de la preparación de un anteproyecto legislativo.

Se refieren también a la regulación de las denominadas puertas giratorias tras el cese en cargos públicos ya sea para ocupar otro o para ejercer funciones privadas, donde el informe señala varios puntos que deben ser mejorados, en especial la evaluación independiente en cada caso y el refuerzo de los mecanismos de control; a las declaraciones públicas del patrimonio de altos cargos incorporando asimismo el de familiares y allegados, constatando que esto último no se realiza; al control sobre las declaraciones de interés de los altos cargos, que no se garantiza por una oficina independiente puesto que la existente está adscrita a la Secretaría de Estado de la Función Pública; a la reforma de los aforamientos, que no ha obtenido respuesta alguna por parte de España; a las reformas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que sólo han sido atendidas parcialmente; a la falta de adecuación de los Códigos de conducta de las fuerzas policiales a las recomendaciones que se vienen realizando….

En esencia, el informe concluye afirmando que «le GRECO conclut que l’Espagne n’a mis en oeuvre ou traité de manière satisfaisante aucune des dix-neuf recommandations formulées dans le Rapport d’Évaluation du Cinquième Cycle» (versión francesa). O que «GRECO concludes that Spain has not implemented satisfactorily or dealt with in a satisfactory manner any of the nineteen recommendations contained in the Fifth Round Evaluation Report» (versión inglesa). Lo constato así, en las dos lenguas oficiales en que se emiten estos informes, porque parece que, desde Moncloa, haciendo gala de su habitual déficit de comprensión lectora, no se han enterado todavía, pues afirman que el GRECO saluda los avances realizados por España durante el período de marras.

Casi en paralelo, estamos esperando que salga a la luz pública el Informe sobre el cumplimiento del Derecho de la UE que se emite anualmente por parte de los servicios especializados de la Comisión Europea. Cada edición describe las medidas de ejecución adoptadas durante el año pasado para proteger los derechos y libertades de las personas y las empresas en toda la UE, destaca los ámbitos de cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros e identifica los ámbitos en los que se necesitan más esfuerzos. El que tiene que salir se referirá al año 2024, que puede llevar acumulados incumplimientos de años anteriores.

«Actualmente tenemos alrededor de un centenar de denuncias activadas por la Comisión contra España»

Es necesario «activar» diversas fuentes y documentos de referencia para hacer la estadística sobre los incumplimientos. Parece ser que actualmente tenemos alrededor de un centenar de denuncias activadas por la Comisión contra España, las cuales pueden derivar en asuntos ante el Tribunal de Justicia de la UE, si no se da debida respuesta a los requerimientos que, en los ámbitos afectados, efectúa la Comisión. Los casos son variados y se refieren especialmente a la falta de transposición o a la mala transposición de directivas, así como a violaciones directas de los Tratados, reglamentos o decisiones de la UE.

España es campeona en las denuncias constatadas en el último informe, empatando en 81 con Bulgaria y seguida por Grecia, Bélgica y Polonia. En volumen de sanciones pecuniarias nos ganan Polonia, Italia, Grecia y el Reino Unido, que arrastra todavía procedimientos pre-Brexit. En cuanto a casos abiertos ante el Tribunal de Justicia vamos terceros, después de Grecia e Italia. Es significativo el ámbito temático de los incumplimientos, puesto que en ese mismo Informe se lleva la palma el ámbito de Justicia y derechos fundamentales, seguido de Medio ambiente y Mercado interior.

El informe señala un importante caso que obtuvo sentencia del TJUE, del 7 de septiembre de 2023, considerado como «caso piloto» por sentar jurisprudencia en este tipo de cuestiones; se trataba de un recurso de incumplimiento de las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y España fue condenada por no dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las directivas de la UE en tal materia.

Cuando un Estado miembro es sancionado por incumplimiento, para calcular la sanción se sigue una metodología preestablecida. Las sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia pueden consistir en un pago a tanto alzado (calculado desde la fecha de infracción hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia o el cumplimiento pleno, si se logra antes), más una multa coercitiva diaria (para incitar al Estado miembro a poner fin a la infracción lo antes posible tras el pronunciamiento de la sentencia). Y no hay manera de escaparse de ello, pues en el caso de que el Estado miembro no satisfaga la multa se descuenta su importe de fondos que tenga que percibir por parte de la UE. Una de las decisiones más importantes al respecto ha sido la aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 que establece la vinculación de la recepción de los fondos NextGeneration EU al respeto del Estado de Derecho.

«Existe una importante conexión entre el cumplimiento del Derecho de la Unión y el respeto del Estado de derecho»

Existe, pues, una importante conexión entre, por una parte, el cumplimiento del Derecho de la Unión y el respeto del Estado de derecho, para cuyo análisis contamos con el Informe anual de la Comisión Europea y, complementariamente, los informes producidos por otros órganos de control a los que la UE otorga relevancia, como son los de la Comisión de Venecia o del GRECO. La falta de adecuación a los indicadores sobre el Estado de derecho, constatados por estos órganos de verificación, puede derivar en la interposición de recursos de incumplimiento ante al Tribunal de Justicia de la UE, quien puede condenar a graves sanciones económicas, comportando la retirada de fondos europeos, como les ha sucedido a Polonia y la Hungría, que han tenido que hacer frente a voluminosas multas, comportando incluso, la retirada de los correspondientes a los programa Erasmus y Horizon.

Pero no se preocupen, que cuando próximamente vea la luz el Informe sobre el cumplimiento del Derecho de la UE, seguramente nos volverán a obsequiar desde el Gobierno con otra declaración creativa, afirmando que España cumple como quien más. En un tiempo en el que parece que vayamos cuesta abajo y sin frenos, como deriva de informes externos independientes elaborados por órganos cualificados, son curiosas estas declaraciones, pero tampoco nos extrañan.

No nos extrañan porque tenemos una ministra de Educación que, en esta epidemia de titulitis que nos invade, nos tranquiliza restando importancia a contar con titulación universitaria; y una ministra Portavoz que declara con la mejor de sus sonrisas que los conocimientos van a dejar de ser relevantes con el desarrollo de la Inteligencia Artificial. A esta última le recomendaría una lectura sosegada del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689, que entró en vigor a principios de año y del Código de Buenas Prácticas de él derivado que acaba de adoptar la Comisión Europea.

Quizás con ello, sería deseable, entendiera mejor todo lo que se tiene que saber, con conocimiento fundado, incluso a veces precisando de una titulación acreditativa, acerca de las ventajas y los riesgos que la Inteligencia Artificial comporta. A ver si así nos alejamos de complejos y valoramos lo que realmente importa.

«Illa parece que no se ha enterado de que la última palabra sobre cualquier cosa sujeta a litigio la tienen los jueces»

No fuera caso tampoco que, siguiendo la estela del presidente de la Generalitat, nos volviéramos a desayunar, cuando tenemos pendiente la sentencia sobre la amnistía por parte del Tribunal de Justicia de la UE, con el aviso a los jueces de que la última palabra sobre ello la tienen los ciudadanos. Parece que no se ha enterado de que la última palabra sobre cualquier cosa sujeta a litigio la tienen los jueces, concretamente, el juez o tribunal a quien el ordenamiento jurídico sitúa en la cúspide del sistema.

En su caso, el Sr. Illa no tiene excusa alguna para justificar la afirmación que ha realizado en China (quizás quería epatar al personal) en el hecho de que no es jurista, que no ha estudiado Derecho sino Filosofía, porque, desde los clásicos (dígase Aristóteles o Platón entre los antiguos, Kant o Rawls entre los modernos) incluso entre los filósofos, la solución final a todo conflicto reside en los jueces. Únicamente existe un supuesto en el que la ciudadanía estaría sobre ellos: como en el mito de Electra, cuando la ley o la decisión judicial deriva de un tirano que ni tan siquiera la respeta ni la hace respetar. En tal caso, el derecho de resistencia nos daría la palabra a los ciudadanos, pero únicamente para reponer con nuestra acción el orden jurídico violado.

Claro que, hace tantos años que el Sr. Illa ha sustituido la Filosofía pura por la filosofía parda, que ni tan siquiera puede recordar los principios básicos de justicia, democracia y libertad que seguramente estudió en su momento. Constreñido ahora por unos pactos a los que se sujeta, o lidera, en aras de prebendas personales y colectivas, no es capaz de mantener aquellos postulados a los que dijo sumarse en 2017, cuando, quizás, se nos coló de rondón en el escenario del 8 de octubre.