Un enfoque liberal para la vivienda

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un gran problema. El intervencionismo está estrangulando el mercado con su política intrusiva, donde quiere establecer control de precios, imponer cuotas de vivienda social en cada promoción de viviendas y donde no lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Esto desincentiva la oferta.

Además, su negativa a liberalizar suelo constriñe la oferta todavía más, con lo que el precio sube. Por otra parte, como hay una demanda creciente, el precio se incrementa también por esa vía. 

Por último, la vivienda está gravada con una carga tributaria que se levanta como una barrera de entrada muy elevada a la compra, pues si un joven, por ejemplo, ahorra y puede llegar a comprar una vivienda de 300.000 euros, si es que la encuentra por ese precio, tiene que reunir entre 25.000 y 30.000 euros más para Hacienda, vía pago de impuestos. Cuando los ciudadanos van tan al límite para poder comprar, ese importe adicional tributario puede impedir que puedan comprar en ese momento, de manera que si continúan ahorrando para pagar la parte tributaria, probablemente cuando consigan ese ahorro el precio habrá subido todavía más, incrementando el esfuerzo para poder pagar tanto el precio de la vivienda como el impuesto, ya que también habrá crecido en valores absolutos al ser un porcentaje sobre la base.

Todo ello, contribuye a hacer imposible el acceso a la vivienda de muchas personas, que tienen que saber que es el intervencionismo y la voracidad recaudatoria quienes están jugando en su contra.

Sin embargo, el Gobierno va en sentido contrario: quiere aumentar los impuestos a las viviendas vacías e impedir que extranjeros no residentes compren, gravándolo con un nuevo impuesto, además de subir al 21%, dentro de su voracidad recaudatoria, el IVA a los apartamentos turísticos y que las Socimis tributen al 25% si no destinan sus viviendas a alquiler asequible. Esto último es, en sí mismo, un disparate dentro de otro disparate, pues las Socimis suelen estar centradas más en el negocio de oficinas que en el residencial. En cuanto al resto de medidas, no deja de constituir un esperpento empobrecedor, que expulsará la recepción de inversores y, con ello, la generación de actividad económica y empleo. Esto sólo empeorará la situación.

Debe haber un cambio normativo que permita liberalizar el suelo, eliminar la limitación de alturas, reducir la burocracia al mínimo posible, así como la absurda normativa que ampara al fundamentalismo medioambiental que tanto retrasa la construcción de viviendas, y bajar los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. En vivienda de segunda mano, las CCAA pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno debería solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios que pueden ser objeto de aplicación de tipo cero.

«En lugar de tanto intervencionismo que empeora el problema del acceso a la vivienda, el sector público debería liberalizar el suelo; acabar con la burocracia»

Todo ello, permitiría lograr que el acceso a la vivienda fuese más fácil para tantos ciudadanos, especialmente jóvenes, pero, al menos, la parte tributaria se puede solucionar con relativa rapidez y eliminar esa barrera, al gravarse con tipo cero, que sufren los ciudadanos para comprar una vivienda.

Sería mucho más positivo para mejorar el acceso a la vivienda que los pisos de protección oficial, precio tasado o cualquier otra modalidad que implica subvención, que retira vivienda del mercado libre y dificulta el acceso a la misma a muchas personas, que sin tener grandes salarios no pueden optar a dichas viviendas subvencionadas porque sobrepasan los ingresos límite marcados, pero que el mayor salario que ganan sobre el marcado como límite es muy inferior a la diferencia entre el precio de una vivienda en el mercado y otra igual de precio tasado, perjudicando a la clase media, especialmente a los jóvenes.

Por tanto, en lugar de tanto intervencionismo que empeora el problema del acceso a la vivienda, el sector público debería liberalizar el suelo; acabar con la burocracia que ralentiza la movilización de suelo -alguna linda con el fundamentalismo medioambiental que empobrece a la sociedad-, eliminar los impuestos para primera vivienda en transacciones de segunda mano y solicitar a la UE un IVA del 0% para las nuevas de las mismas condiciones; y no levantar una barrera a la clase media con la brutal diferencia en precio con una vivienda de precio tasado, que los expulsa de la posibilidad de acceder a una vivienda en el mercado.