Toque de atención: la necesaria reforma del Estado

Anteayer martes, el catedrático de Economía Alfonso Novales expuso en la sesión ordinaria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas una más que sugerente ponencia. Su título era quizás excesivamente modesto: «¿Cómo diseñar políticas públicas para el logro de sus objetivos?». Pero lo que se deducía de su contenido (puede leerse en la web de la Academia) iba mucho más allá: la necesidad de reformar el Estado Social y Democrático de Derecho, no solo el nuestro, que por supuesto, sino en general el de buena parte de las de las democracias del mundo occidental, las únicas democracias realmente existentes. 

Ya no puede ocultarse por más tiempo la decadencia creciente de las democracias actuales y su tendencia a un cierto despotismo. Los síntomas fueron anunciados en los inicios mismos del Estado liberal. Tocqueville previó su evolución futura y así lo expuso al final del segundo tomo de La democracia en América, en concreto en su capítulo VI, cuando imagina un Estado futuro: «En el horizonte se alza un poder inmenso y tutelar, que se encarga en exclusiva de garantizar los goces de todos y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad adulta, pero en realidad no persigue sino mantenerlos irremediablemente en la infancia. Ese poder quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar. Se interesa de buen grado por su bienestar pero quiere ser el único agente y árbitro del mismo. Vela por su seguridad, garantiza y cubre sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, impulsa su industria, regula sus sucesiones y divide sus herencias; ¿no podría, asimismo, librarles por completo de la molestia de pensar y el trabajo de vivir?» 

Inquietante pregunta porque ¿dónde queda entonces la libertad? Según Tocqueville estará en peligro: «De este modo, ese poder hace cada vez menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encierra la voluntad en un ámbito cada vez más pequeño y poco a poco arrebata a cada ciudadano su propia personalidad. La igualdad ha ido preparando a los hombres para todo esto; les ha preparado para que lo soporten y hasta para que lo contemplen como algo beneficioso».

¿Y cómo actuará este Estado benefactor? «Después de tomar así en sus poderosas manos el destino de cada individuo, y de modelarlo a su gusto, el soberano abarca con sus brazos la sociedad entera, la cubre con una red de reglas complicadas, minuciosas y uniformes que impiden que incluso los espíritus más originales y las almas más fuertes logren abrirse paso para emerger de la masa. No quebranta las voluntades pero las ablanda, las doblega y las dirige; no suele forzar a la acción pero se opone sin cesar a quien actúa; no destruye, impide construir; no tiraniza, pero incordia, reprime, enerva, apaga, embrutece y, en fin, convierte a cada nación en un rebaño de animales tímidos y laboriosos cuyo pastor es el gobierno». 

Esto lo escribió Tocqueville en 1840, hace casi doscientos años. Pues bien, sus profecías parecen haberse cumplido. Ya no se trata de previsiones sino de constatar que la sociedad y los poderes públicos son así o muy parecidos. Y está bien que hayamos llegado a este punto. Con todas las críticas que puedan hacérsele y, por supuesto, con todas sus insuficiencias, la igualdad es una característica de las sociedades occidentales, también de la sociedad española. 

Pero ello no quita que el Estado sea el monstruo que ha descrito Tocqueville. Y a un monstruo hay que atarle corto: los poderes que lo componen han de ser controlados por los ciudadanos para que no se desmanden, para no caer en la tiranía, en el abuso del poder por parte de unos cuantos que vulneran precisamente la igualdad que proclaman. Además, con esta vulneración impiden que sea realidad el otro gran valor, de hecho el gran objetivo que debe perseguir todo Estado, la razón de su existencia: la libertad, la libertad de los individuos. 

Con todo ello quiero decir que no hay que dar marcha atrás en las cuestiones que afectan al estado del bienestar, al welfare state. Ahora bien, también haya que preservar la libertad, los derechos de los ciudadanos. Y este equilibrio entre libertad e igualdad, el hecho de que el Estado lo que debe preservar es que los individuos sean «igualmente libres» es lo que está en peligro. 

Y está en peligro porque la crisis del Estado, a mi modo de ver, tiene una doble faceta: hay falta de representación de los ciudadanos en los órganos representativos, es decir, en las cámaras parlamentarias, porque estas tienen muchas dificultades para controlar al poder ejecutivo, a los Gobiernos e, indirectamente, a las Administraciones públicas. Ciertamente, hay controles de legalidad que, en último término, resuelven los jueces. Pero no basta con este tipo de controles, también debe controlarse su eficacia y eficiencia. La falta de estas es la que va deslegitimando al actual Estado. Y los partidos de la oposición en un parlamento están inermes porque tienen muy escasos recursos humanos, financieros y técnicos para ejercer este control, mientras que el Gobierno dispone de un aparato administrativo de una enorme magnitud para llevar a cabo su actividad política. 

Ciertamente, en este aspecto ha habido avances muy importantes. Órganos independientes como el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros. También éstos controlan la acción del Gobierno, en muchas ocasiones con mayor eficacia y, sobre todo, mejor calidad técnica que los parlamentos. 

Pero no siempre ello es así porque los partidos políticos tienen un alto grado de influencia en estos órganos y hacen prevalecer sus intereses. Siempre queda el muy importante control de la opinión pública, las informaciones de los medios de comunicación. Pero también en eso, en España lo vemos cada vez más, los poderosos tentáculos del Gobierno intentan controlarla. 

¿Parlamento? ¿Partidos? Existen, no pueden dejar de existir en una democracia, pero ambos son insuficientes hoy en día para representar al ciudadano y para controlar al poder. El modelo de Estado es teóricamente bueno, bien diseñado, pero su funcionamiento es muy imperfecto. No hay que cambiar de modelo, sino reformarlo para que sea más eficiente y eficaz. El punto crucial, a mi modo de ver, consiste en establecer una mejor división de poderes, unos mejores órganos de control, una mejor Administración Pública, independiente y técnicamente cualificada, una mejora en la elaboración de las leyes, unos debates en el Parlamento que informen a los ciudadanos y expliquen las razones por las cuales el Gobierno toma sus decisiones. 

En definitiva, hay que reformar el Estado para adecuarlo a nuevas realidades. Alfonso Novales apuntó el otro día muchas de estas cuestiones problemáticas y habrá que reflexionar sobre todas ellas. Ahora no hay espacio ni tiempo. Pero continuaremos, lo de hoy es solo un toque de atención.