Ni los datos están a salvo
«Tampoco las estadísticas escapan de la voracidad del Gobierno por ocupar las instituciones independientes que deben hacer de contrapeso al poder del Ejecutivo»
La exministra de Economía Nadia Calviño.
Cuando Juan Manuel Rodríguez Poo presentó su dimisión como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de junio de 2022 todos sospecharon de Nadia Calviño. La vicepresidenta primera y ministra de Economía entonces había cuestionado los datos de PIB y de IPC que elaboraba el INE. En su opinión, había graves errores de estimación tras la pandemia. ¿El resultado? Tras la dimisión de Poo, ambas variables macroeconómicas tuvieron varias revisiones. Al alza el PIB y a la baja el IPC. Pese a las sospechas que suscitaba esta mejoría, era difícil demostrar la injerencia del Gobierno en su elaboración. Hasta que ha sido la propia Calviño quien lo admitiera sin reparos en su libro 2.000 días en el Gobierno (Plaza y Janés) presentado hace apenas una semana. Su imprudencia sólo se puede entender como una muestra de la soberbia que exhibe quien se siente impune. Un rasgo, por otro lado, habitual, del Ejecutivo de Pedro Sánchez del que formó parte también como vicepresidenta primera.
Si las revisiones fueron fruto de un cálculo riguroso, como cabría esperar de un cuerpo de funcionarios de sólida trayectoria como los estadísticos, o de la indebida intervención del Ministerio de Economía en el organismo, nunca lo sabremos. En cualquier caso, el daño está hecho. Tampoco las estadísticas escapan de la voracidad del Gobierno por ocupar las instituciones independientes que deben hacer de contrapeso al poder del Ejecutivo para servir mejor los intereses de los ciudadanos. Resulta de todo punto incomprensible que, con su confesión involuntaria, la exministra Calviño y hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se haya arriesgado a poner en entredicho la credibilidad de las estadísticas oficiales. Ni los datos están a salvo.
¿Es tal vez así como, tan patriótica que es ella, entiende lo que es el patriotismo? Ese que le acusaba de carecer a la multinacional española Ferrovial cuando anunció el traslado de su sede a los Países Bajos en junio de 2023, ejerciendo su derecho al libre establecimiento de esta en cualquier Estado miembro que, por otra parte, le reconoce el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Porque los datos macroeconómicos son la base sobre la que se calculan el resto de las variables y se elaboran todas las previsiones económicas, empezando por las de ingresos y gastos del Estado. También pueden ponerse bajo sospecha los datos de déficit y de deuda: cuanto mayor es el PIB, menor resulta el porcentaje que representan y más cerca está el Gobierno de cumplir con la disciplina fiscal que exige la Comisión Europea. Y, a la inversa. Si el PIB hubiera crecido menos, el peso relativo de la deuda y el déficit sobre esta variable sería, en consecuencia, más elevado, alejándose de los objetivos fiscales de Bruselas.
«Que Calviño reconozca que había que mejorar la metodología del INE para elevar el PIB supone una injerencia intolerable»
También en el caso del IPC, lo fidedigno del dato es fundamental para negociar la subida de los salarios, renovar los contratos de alquiler o efectuar el pago de las pensiones, toda vez que el Gobierno se comprometió con su reforma a actualizarlas con este índice. De forma que poner en cuestión ahora la neutralidad operativa de quienes elaboran los datos es una gran irresponsabilidad. Que Calviño reconozca que había que mejorar la metodología del INE para elevar el PIB supone una injerencia intolerable en el funcionamiento del Instituto, cuya credibilidad depende absolutamente de su independencia.
No es de extrañar que la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado haya puesto el grito en el cielo, pues esa indebida intervención del Gobierno en el organismo es incompatible con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. A este cuerpo de funcionarios le honra querer respaldar a la actual dirección del INE en este contexto de «especial dificultad», reconocen. No queda más alternativa que confiar en la determinación de esos miles de funcionarios para hacer bien su trabajo y sortear los efectos de las injerencias de este Gobierno que una y otra vez demuestra su falta de escrúpulos en el asalto a las instituciones y sus enormes dificultades para respetar la separación de poderes. Porque en una España cuyo Gobierno arremete contra la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado y frívolamente juega con la credibilidad de los datos macroeconómicos, esos jueces y técnicos estadísticos son nuestra garantía.