Álvaro, tienes un 'email'

Hubo un tiempo en que las noticias de corrupción eran tan frecuentes que acabamos desarrollando callo moral. El reguero de imputados avergonzó a la clase política de tal forma que fueron inmisericordes con cualquier atisbo de corruptela. El listón se situó tan bajo que cualquier sospecha judicial exigía dimitir sin rechistar. Bueno, casi todos, porque siempre hubo clases incluso en las purgas. La idea era limpiar la imagen de la política y proteger la marca electoral, pero enseguida comprobaron que era imposible mantener semejante nivel de vigilancia. Con la polarización, además, descubrieron que podía convertirse en un arma útil para animar a la tribu.

En estas estábamos cuando el ministro número 23, anteriormente conocido como fiscal general del Estado, del Gobierno Sánchez terminó en el banquillo de los acusados sin que se planteara su dimisión. Al contrario. El mismísimo presidente nos llegó a exigir que le pidiésemos perdón con una lectura de la realidad que lo acercaba a aquellos hechos alternativos del primer trumpismo. Estas declaraciones, habrá que recordarlo, fueron unas semanas después de haber saludado las palabras de Víctor Aldama sobre Ábalos, Koldo o Cerdán como una «inventada».

De este juicio podemos sacar algunas conclusiones, antes incluso de leer la sentencia que está aún por llegar. La primera: el Consejo General del Poder Judicial tenía motivos más que sobrados para declarar a Álvaro García Ortiz no idóneo para el cargo. Más allá de las posibles responsabilidades penales —que no son terreno de los comentaristas—, los hechos lo han dejado en evidencia. Se presentó como un cruzado contra las filtraciones —las llamó cáncer, por cierto— y, aun así, no ha movido un dedo por esclarecer quién y cómo se filtró la información.

Tenemos indicios para comprender la razón de su comportamiento. Solamente indicios porque borró a conciencia las pruebas como los demás protagonistas. Salvo los periodistas acogidos a secreto y Juan Lobato. Sus palmeros han defendido que es normal que el fiscal general del Estado, al trabajar con información delicada, deba echar al olvido esas conversaciones. El propio Álvaro García Ortiz ha afirmado que por sus manos pasan datos sensibles que podrían afectar al Estado y dañar a cualquiera.

Precisamente por esta razón su actuación resulta aún más grave. Ha pasado bastante desapercibido en los análisis aquella petición del envío del mensaje a un buzón privado. Sólo por esto debería haber dimitido inmediatamente. ¿Cómo puede justificarse que se le haya enviado un documento reservado a un correo personal? Un correo electrónico, por cierto, que no tiene las mínimas condiciones de seguridad que sí tienen los canales oficiales. La conversación telefónica en la que exige los correos también apunta a que ese comportamiento quizá no fuera excepcional.

«El apoyo a un líder fuerte dispuesto a saltarse algunas reglas es mayor entre los votantes del PSOE, y crece a medida que aumenta su edad»

Hoy cualquier empresa tiene rígidos protocolos para asegurar la protección de datos. La Fiscalía, al contrario, parece mirar hacia otro lado. La propia Ley de Protección de Datos señala la importancia de la integridad, confidencialidad y responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. Quizá haya que enviar un borrador de manual de buenas prácticas a la Fiscalía. La imagen que proyecta transmite muy poca seriedad y menos profesionalidad dentro de la institución. Y esto no ha molestado a los autoproclamados defensores de lo público. Están en la batalla por el relato.

Dejaremos para otro momento —y en esto Yolanda Díaz nos ha decepcionado— el hecho de que un Gobierno que ha aprobado el derecho al descanso y a no ser molestado por tus jefes fuera del horario laboral en España no haya denunciado al fiscal general, que sacó a un subordinado de un partido de Champions League. Tenía mucha prisa. Y digo yo que la ministra de Trabajo podría haber defendido a García Ortiz afeándole este pecado venial. 

Juan Milián advirtió hace años que se estaba gestando un «procés a la española». Parecía exagerado, pero la realidad insiste en darle la razón. El domingo pasado, unos cientos de personas se concentraron ante el Tribunal Supremo para protestar por la condena de García Ortiz. A juzgar por las imágenes, la media de edad no era baja, ni mucho menos. Y no es casualidad. Uno de los observadores más finos de la realidad social, el sociólogo Rubén Díez García, mostraba hace unos meses —con datos del CIS— que el apoyo a un líder fuerte dispuesto a saltarse algunas reglas es mayor entre los votantes del PSOE, y crece a medida que aumenta la edad de estos. Hasta un 61% de los votantes socialistas mayores de 60 años justificaba este tipo de liderazgo.

No es un horizonte halagüeño. Llevamos demasiados años con movimientos bajo la superficie, a izquierda y a derecha, que no hemos sabido calcular. Y, probablemente, no estemos preparados para cosechar las consecuencias que vienen.