Muchos expertos, pocas responsabilidades

Lo seguiremos pagando durante bastante tiempo, probablemente más de lo que ya lo estamos haciendo. Los últimos años han acelerado procesos que no comenzaron con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, pero que bajo su mandato han adquirido una intensidad inédita. Entre ellos, uno es especialmente preocupante: el descrédito de la opinión experta y el saber técnico más allá de los colores políticos —lo que algunos llamarían tecnocracia—. Y no lo es por su fracaso, sino por su instrumentalización política, que termina por desacreditarla con una enmienda a la totalidad.

Aunque la retórica presidencial tienda a sugerir lo contrario, Sánchez lleva siete años y siete meses en el poder. Es ya el segundo presidente más longevo de la democracia, solo por detrás de Felipe González, a quien tanto se denuesta desde sus propias filas. La comparación es incómoda, pero inevitable. Durante sus dos primeros gobiernos fue constante la presencia de perfiles técnicos y especializados, acompañados de una insistente apelación a la evidencia científica. Se transmitía la idea de que las reformas venían avaladas por el conocimiento y no por la ideología. Muchos académicos se prestaron a ese juego, consciente o inconscientemente, desde dentro y desde fuera del Gobierno. No era un programa caprichoso: se presentaba como una propuesta racional, moderna y regeneradora frente a la corrupción y la opacidad asociadas al Partido Popular. Todo ello alzando la bandera de la ciencia —en mayúsculas y con conjugación moral—.

La pandemia lo cambió todo. O, más bien, mostró lo que ya estaba ahí. En las semanas previas al colapso sanitario, la maquinaria comunicativa progubernamental se puso a pleno rendimiento: quien daba la cara era el experto y todo era defendido por «la Ciencia». La prudencia no fue precisamente la norma. Los únicos espacios que contradecían el marco común eran relegados al terreno de lo conspirativo. Sin embargo, cuando ya se veía en Italia la gravedad de la situación, aquí se seguía hablando de una «gripecilla» y los humoristas orgánicos hacían gracietas que les perseguirán siempre.

No se trató de que la ciencia fallase, porque errar forma parte de su método. El problema fue otro: su utilización como coartada. Cambios de criterio presentados como certezas sucesivas, decisiones políticas envueltas en un lenguaje técnico y comités de los que dudamos hasta de su existencia. El episodio de las mascarillas es ilustrativo: un día no servían para nada, al siguiente eran obligatorias. No es el cambio lo que daña la confianza, sino la forma de comunicarlo como si cada fase fuera la definitiva.

Con todo, lo más grave no ha sido la improvisación constante, sino el uso cínico del saber experto como parapeto. No era la primera vez que un gobierno nos mentía, pero sí una de las primeras veces que lo hacía sistemáticamente protegido por la retórica de la ciencia. Así, el descrédito del poder arrastró consigo algo más frágil, como es la credibilidad social del conocimiento científico-técnico.

«Decenas de fallecidos después, la asunción de responsabilidades se reduce a una fórmula ritual del ‘se investigará’»

A ello contribuyó también una parte del mundo académico, encantado de convertirse en legitimador del poder. No pocos expertos aceptaron gustosos el papel de notarios del Gobierno, renunciando a la distancia crítica que debería definir su función pública. El resultado ha sido una ciudadanía cada día más escéptica, menos capaz de distinguir entre el error honesto y la manipulación interesada. Un nuevo descrédito que se suma al arriesgado cóctel en el que se agita una sociedad polarizada, la corrupción al más alto nivel y múltiples problemas sociales sin resolver.

Pensaba en todo esto tras el accidente de Adamuz, como antes lo había hecho con la gestión de la dana o de los incendios del verano. Decenas de fallecidos después, la asunción de responsabilidades se reduce a una fórmula ritual del «se investigará». Todo se convierte en un juego político para dejar pasar el tiempo, diluir culpas y evitar dimisiones. Nos hemos acostumbrado a que la responsabilidad sólo sea penal, cuando la responsabilidad política tiene exigencias similares, es previa y más propiamente democrática.

Ni en el caso de Illa, ni en el de Mazón, ni en el de Puente estamos ante meros problemas judiciales. Se trata de responder por decisiones tomadas, prioridades fijadas y consecuencias previsibles. De eso debería tratar la política: no de parapetarse tras jueces, informes o expertos cuando las cosas van mal. Sánchez ha vuelto a «asumir responsabilidades» sin que nada cambie, que es la mejor definición de no asumirlas. Quizá haya que explicarle que asumir responsabilidades implica reconocer públicamente los errores, aceptar las consecuencias, rendir cuentas ante el Congreso y la ciudadanía y reparar los daños ocasionados.

Si seguimos utilizando la ciencia como coartada y la responsabilidad como trámite, lo que perderemos no será solamente la confianza en los gobernantes, sino algo más delicado: la posibilidad misma de una deliberación pública basada en razones. Esto, a diferencia de una legislatura, no se recompone fácilmente y tiene consecuencias. Algo que, como estamos viendo, también vale para unos presupuestos que nunca llegan a presentarse.