La seguridad no es prioridad para este Gobierno

La catástrofe de Adamuz ha venido a mostrar algo que nadie quería reconocer y es que la red de Alta Velocidad, de la que España podía presumir ante todo el mundo, se ha llenado de fallos, de averías y de defectos.

Ha tenido que ocurrir el terrible descarrilamiento del pasado 18 de enero para que, cuando se han empezado a estudiar sus causas, estén apareciendo innumerables señales de que esa red no está como tenía que estar. Y no está como tenía que estar porque los responsables últimos del mantenimiento de todas las infraestructuras de la Alta Velocidad llevan años abandonando el mantenimiento.

El ministro Óscar Puente intentó por todos los medios encontrar un relato que culpara a otros. Empezó con el Iryo, pero cuando se descubrió que la vía estaba rota, se escudó en la reforma INTEGRAL de todo el tramo, hasta que tuvo que confesar que para él INTEGRAL quería decir PARCIAL, atentando contra el diccionario de la RAE.

Puente suprimió en julio pasado la Unidad de Emergencias

Cuando el PP gobernó, de enero de 2012 a mayo de 2018, una de sus primeras medidas en materia de seguridad fue la creación en marzo de 2012, con Ana Pastor como ministra de Fomento, de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis (UEGC).

Esta Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis era el organismo de referencia para dar respuesta a incidentes, averías y accidentes. Los que han estudiado el funcionamiento de esa Unidad han comprobado cómo registraba pormenorizadamente y en tiempo real diariamente todas las incidencias registradas en la red ferroviaria, y cómo controlaba las actuaciones de los departamentos de Seguridad de las empresas públicas dependientes de Transportes (ADIF, Renfe y Aena), Protección Civil, el órgano de emergencias del Ministerio del Interior (CECOR) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros.

Esta Unidad de Emergencias mantenía cauces abiertos para el seguimiento directo y permanente de las incidencias y para coordinar inmediatamente la respuesta por parte de los servicios de emergencia. A su vez, tenía un protocolo de comunicación que incluía un flujo informativo constante, destinado a todos los altos cargos del ministerio, incluidos el secretario de Estado de Transportes y el propio ministro.

Pues bien, este organismo, que cumplía adecuadamente su función, fue suprimido por el ministro Óscar Puente con un Real Decreto de 30 de julio de 2025 y sustituido por un ¡Observatorio! para la coordinación y prevención de crisis y atención a las víctimas.

Un Observatorio que ya no incluía entre sus funciones la centralización de toda la información que hubiera de cualquier incidencia, lo que tiene mucho que ver con la confusión que se produjo en Adamuz, donde se tardó una hora en localizar la existencia del Alvia, el segundo tren de la tragedia. Sin contar con que ese Observatorio, en las horas posteriores al accidente, se quedó inoperante al carecer de personal efectivo y de atribuciones operativas. Según la UCO, la Unidad de Emergencias era clave para la seguridad.

La seguridad no es prioridad para Sánchez

Esta operación de Óscar Puente de suprimir un organismo que funcionaba adecuadamente, creado por un Gobierno del PP, por otro, que ha demostrado palpablemente su ineptitud, es una muestra de la muy diferente forma de enfocar, por parte del PP y del PSOE, la gestión de un asunto trascendental: la seguridad de los viajeros.

Francisco Álvarez Cascos (que es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), en su primera comparecencia como ministro de Fomento ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, puso la seguridad como objetivo principal.

Allí Cascos dedicó un apartado especial al valor de la seguridad como pilar del programa de infraestructuras. Dijo, entre otras cosas, que la seguridad tiene que ser un objetivo explícito, no algo accesorio, y que para eso estaría presente en todas las actuaciones de su ministerio. Eso implicaría formalizar instrumentos de diseño, ejecución y control de planes de seguridad, así como fomentar una «cultura de seguridad» tanto en obra pública como en los servicios de transporte. En definitiva, que la seguridad de las Infraestructuras de Transporte fue para el ministro de Fomento el primer objetivo, la primera prioridad.

Claro que, cuando tenemos un Gobierno, cuya primera y única obsesión es mantenerse en el poder, todas sus actuaciones tienen como único móvil la propaganda, el de dejarse ver de manera triunfalista. Recordemos que Puente este mismo otoño anunció, a bombo y platillo, que iba a subir la velocidad a 360 kilómetros/hora en el AVE Madrid-Barcelona, haciendo caso omiso y ocultando la carta que le habían dirigido los maquinistas en el mes de agosto.

El mantenimiento no da fotos de inauguraciones

Cuidar cotidianamente y de manera callada de las vías, de las carreteras y de las infraestructuras hidráulicas no da para fotos o vídeos en los que Puente, Ribera o Sánchez pudieran salir presumiendo de inaugurar obras. De ahí el abandono de ese trascendental cuidado constante, que ha traído como consecuencias la tragedia de Adamuz y la riada del Barranco del Poyo, sin que se haya producido una sola dimisión.

Las responsabilidades penales las establecerán los tribunales, pero las responsabilidades políticas tenían que haberse producido ya. Para Puente dar la cara a posteriori le exime de la responsabilidad política de las causas del accidente y siento decirle que no es así, tenía que haber dimitido al día siguiente.