Blindar una inexistente mayoría

Las democracias no suelen deteriorarse mediante rupturas abruptas (perdón por la cacofonía). Se pervierten cuando el poder deja de aceptar límites y se adueña de los espacios que deberían servir de contrapeso. Eso es lo que está ocurriendo en España, y responde a una lógica política concreta: garantizar la permanencia en el poder en ausencia de un respaldo parlamentario sólido y cohesionado.

Pedro Sánchez no gobierna apoyado en una mayoría propia ni en un pacto de legislatura estable, como habían hecho todos sus predecesores en el cargo. Gobierna gracias a una mayoría negativa cuyo único objetivo común es impedir que gobiernen sus adversarios. No existe un proyecto compartido de país entre sus socios parlamentarios. Existe una aritmética de bloqueo.

Esa fragilidad obliga a una negociación permanente, abierta y sometida al chantaje político. Cada votación relevante exige cesiones, ya que cada socio parlamentario dispone de una capacidad de presión desproporcionada. Mucho mayor que su respaldo ciudadano real. Estos apoyos no comparten los principios básicos del consenso constitucional: unos sostienen una visión instrumental de la democracia, heredera de tradiciones ideológicas que subordinan las reglas al poder; otros niegan la soberanía del conjunto del pueblo español sobre todo el territorio nacional y trabajan afanosamente por su fragmentación.

Este es el contexto en que hay que leer el control institucional que realiza el Gobierno, con un problema adicional. En un sistema parlamentario como el de España, definido por la Constitución de 1978, el Ejecutivo nace del Legislativo y la separación de poderes entre ambos no es rígida. Precisamente por eso, la neutralidad de las instituciones parlamentarias y el seguimiento escrupuloso de los procedimientos es imprescindible para preservar el equilibrio.

La presidencia del Congreso no actúa como garante imparcial. Véase la articulada denuncia de este modus operandi (justa terminología de mafia) en la conversación en estas páginas con Cayetana Álvarez de Toledo. Bajo Francina Armengol, la Cámara funciona como pieza de la estrategia gubernamental. La gestión de los tiempos, la priorización de iniciativas, la interpretación del reglamento y demás acciones se orientan a proteger al Ejecutivo, no a favorecer el debate parlamentario ni el control gubernamental.

El mismo patrón se reproduce en el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. El Constitucional procede como actor decisivo en disputas que afectan directamente al equilibrio entre poderes y a decisiones políticas de máxima trascendencia. Su intervención no se limita a interpretar la Constitución ante desavenencias entre poderes; redefine en la práctica los márgenes de actuación de otros órganos, incluido el Tribunal Supremo. Cuando el Tribunal Constitucional altera el terreno de juego, y no solo en cuestiones que afectan a la estabilidad parlamentaria del Gobierno, deja de ser un necesario tribunal técnico para convertirse en una pieza del engranaje político. Y en una ilegal última cámara judicial. 

La demoscopia pública constituye otro instrumento incorporado a esta dinámica. El Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, publica encuestas que por sistema consolidan una narrativa (vaya palabrita repelente) favorable al Ejecutivo. Su margen de error es abismal y, aunque sus previsiones son refutadas por los resultados electorales, nunca sabremos de qué manera contribuyó su falsa información a alterarlos. El organismo estatal encargado de medir la opinión pública también actúa como un agente político alienado. En lugar de producir insumos útiles para todos, pagados con los impuestos, crea un determinado clima político. No informa: busca influir.

La televisión pública, Radiotelevisión Española, cumple la misma función de respaldo estructural. Su línea editorial protege al Gobierno y minimiza el impacto de las críticas, mientras amplifica el relato oficial. Normaliza un gobierno disfuncional e introduce un sesgo en cada noticia. A veces minimiza, a veces contextualiza, a veces relativiza, a veces distorsiona. Todo a favor del relato que más convenga al Gobierno. Encendida día y noche en los hogares españoles como triste música de fondo, sobre todo en las casas de los mayores, su impacto no puede ser infravalorado.

A ello habría que sumar los nombramientos en los altos mandos policiales, que se deciden desde el Ministerio del Interior. La Policía, en su día a día, es profesional y una de las instituciones más confiables de España, pero en su cúpula se cocinan cosas, se protegen otras y se cubren algunas más de una manera que no podíamos imaginarnos, y que hemos descubierto esta semana de manera alarmante. Los organismos reguladores están también copados por operadores del Partido Socialista («apparatchiks» es el término ruso que les corresponde) con las manos muy largas y los currículums muy cortos. Lo mismo pasa en las empresas con fuerte componente estatal, ya sea por peso accionario o por dependencia del mercado regulatorio.

En todos estos criterios de designación se prioriza la lealtad política sobre la competencia técnica. La consecuencia, además del debilitamiento profesional de las instituciones y el alineamiento estratégico con las necesidades del Ejecutivo, es un doble estigma: apagones y descarrilamientos. 

La lógica se vuelve ilógica. El Gobierno entrega poder a sus socios que quieren desmembrarlo mientras se adueña de instancias que no le pertenecen. Un Gobierno sin mayoría y dependiente de apoyos iliberales necesita reducir al máximo la percepción de la incertidumbre y el caos desde donde opera. El «galgo de Paiporta» es también el gato de Schrödinger. Y para ello controla los tiempos parlamentarios, influye en los órganos constitucionales, gestiona el relato demoscópico, alinea a los medios públicos (y algunos privados, guiados con la zanahoria de la publicidad), designa perfiles fieles en puestos clave. Todo forma parte de un mismo diseño: hacer cada vez más difícil la alternancia y mantener poder real si esta se produce. La Moncloa como cuartel de invierno. Esta colonización es silenciosa, paulatina, pero voraz e impúdica. El resultado acumulado es inequívoco (y esdrújulo): el Estado ha dejado de ser un espacio neutral para convertirse en extensión del Gobierno.

«Cuando el Ejecutivo utiliza su posición para asegurar una influencia determinante sobre el Parlamento, el Tribunal Constitucional»

Recordemos con Isaiah Berlin que la democracia no se mide solo por la existencia de urnas. Se mide por la integridad de sus instituciones, por la fortaleza de sus contrapesos, por el respeto a los procedimientos, por la neutralidad de los órganos estatales. Cuando el Ejecutivo utiliza su posición para asegurar una influencia determinante sobre el Parlamento, el Tribunal Constitucional, la demoscopia pública, los medios estatales y los resortes técnicos de la Administración, el equilibrio desaparece. La crisis de la democracia española está servida.

Esto es grave no solo por el deterioro de la convivencia, los servicios públicos y la calidad del debate, sino también por la tentación de la revancha partidista. Por eso la oposición no debe configurar sus propias listas de obsecuentes y lacayos, sino establecer un compromiso notarial de no repetir los agravios, y de impulsar una agenda reformista que los haga imposibles. El problema no debería ser ideológico: si se acepta que quien gobierna puede ocupar sin límites los espacios que deberían vigilarlo, el sistema pierde su capacidad de autocorrección y de seducción. Y la desconfianza del ciudadano medio crece y se desborda. Y busca cauces no institucionales para su descontento. 

En España no está en marcha una ruptura del orden constitucional a cara descubierta, con la anacrónica destemplanza de los pronunciamientos. Y qué bueno. Lo que está en movimiento es un proceso de concentración de poder que reduce la calidad democrática y dificulta la alternancia real. Sus consecuencias son imprevisibles.

El problema del Gobierno de Pedro Sánchez no es su manifiesta inmoralidad ni su decantado cinismo. El problema es que, ante la inexistencia de una mayoría parlamentaria, ha decidido usar torticeramente al Estado para construirla (y blindarla).