Regulación demente: inmigrantes y cambio de sexo
«Lo que empezó como una promesa de ‘dar papeles’ a quienes llevasen solo cinco meses en España se ha convertido en un auténtico coladero»
Ilustración generada con IA.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una de las regularizaciones más alocadas de la democracia por medio de un proceso exprés que, según las estimaciones, podría beneficiar a más de un millón de inmigrantes en situación irregular. Lo que empezó como una promesa de «dar papeles» a quienes llevasen solo cinco meses en España se ha convertido en un auténtico coladero. Pero no basta con los problemas habituales de control, integración y carga asistencial. Ahora, gracias a la Ley 4/2023 para la igualdad de las personas trans (la famosa «ley trans» impulsada por Irene Montero), los beneficiarios podrán cambiar de nombre y de sexo durante el propio trámite de regularización. El resultado es tan delirante como previsible: no vamos a saber quiénes son, ni quiénes eran, ni de dónde vienen.
La mecánica es sencilla. Según la disposición final de la norma aprobada en febrero de 2023, las personas extranjeras que acrediten la «imposibilidad legal o de hecho» de rectificar su sexo o nombre en su país de origen pueden hacerlo en España. Los únicos requisitos son ser mayor de 16 años y presentar una solicitud ante el Registro Civil. Sin necesidad de informes médicos, psicológicos, hormonación ni —lo más grave— antecedentes penales. Durante el proceso de regularización, que culmina con un permiso de residencia inicial de un año renovable, el inmigrante puede modificar por completo su identidad registral. Un cambio que, una vez inscrito, borra el rastro anterior en la documentación española.
Imaginemos el escenario. Un individuo llega a España sin papeles, con un historial delictivo en su país de origen (o simplemente con una identidad que le conviene ocultar). Se acoge a la regularización masiva, solicita simultáneamente la rectificación de sexo y nombre amparado en la ley trans y, en pocos meses, obtiene un DNI nuevo con una filiación completamente distinta. ¿Cómo va a controlar la Policía sus antecedentes reales? ¿Cómo van a cruzar datos Europol o Interpol con una identidad que ya no existe en nuestros registros? La respuesta es clara: no podrán. La trazabilidad se evapora. La seguridad nacional se resiente.
Montero y su equipo convirtieron la política en un concurso de victimismo identitario. Aplicando el concepto de runaway selection (selección desbocada) de la biología evolutiva, vemos cómo las demandas del colectivo LGTBI se retroalimentan hasta convertirse en exigencias absurdas que ningún político se atreve a frenar por miedo a ser tachado de «facha». El resultado es una ley que niega la realidad biológica de los dos sexos, permite tres cambios de género en dos años y, ahora, se convierte en un salvoconducto para quien quiera reinventarse al llegar a España. Los problemas se multiplicarán. Primero, la seguridad: la regularización ya incumple las estrategias nacionales contra el terrorismo y el crimen organizado al no exigir controles exhaustivos de antecedentes. Añadir la posibilidad de cambiar de identidad es regalar un reset burocrático a potenciales delincuentes. Segundo, la integración: ¿cómo se integra alguien cuya identidad oficial es una ficción reciente? Tercero, el coste social: las estadísticas oficiales de género, delincuencia o empleo se distorsionarán porque ya no sabremos si un «hombre» o una «mujer» registrado en España era, en realidad, otra persona llegada hace meses desde cualquier punto del planeta.
La izquierda que aplaude esta medida lo hace desde la comodidad de quien nunca ha tenido que convivir con las consecuencias. Mientras tanto, los barrios, los servicios públicos y unas mujeres que ven cómo se diluye la categoría de sexo en la ley pagan la factura. La ley trans no solo no resuelve problemas reales; los agrava. Y aplicarla a una regularización masiva sin controles es, simplemente, irresponsabilidad elevada a la máxima categoría. España no puede permitirse seguir con esos runaways ideológicos, de huida hacia delante. Ni en materia migratoria ni en materia ideológica. Porque cuando ya no sepamos quién es quién, será demasiado tarde para preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. La realidad, tozuda, siempre acaba pasando factura.