En lugar de presupuestos, el chantaje y la calle

Nos estamos acostumbrando a lo insólito, a lo que nunca pensamos que sucedería. La corrupción económica está tan extendida, es tan alambicada, tan polimórfica, alcanza a niveles tan altos, que es difícil no perderse entre tantos datos y acontecimientos. Yo confieso que soy ya incapaz de seguir todos sus vericuetos.

Pero peor es aún la corrupción de la democracia y de las instituciones. A ningún constitucionalista se le habría pasado por la cabeza que se iba a legislar únicamente a base de decretos-leyes, todos ellos ómnibus, que, al introducir los asuntos más diversos, sirven para chantajear a la oposición colocándola en la tesitura de aprobar o rechazar el conjunto. ¿Qué político hubiese aventurado que el verdadero poder iba a estar en un diputado de Bildu, tal como ha afirmado Mertxe Aizpurua en el Congreso, o en un prófugo de la justicia en Waterloo?

¿Qué funcionario o experto en hacienda pública hubiera podido imaginar que se iba a gobernar cuatro años seguidos sin presupuestos, y con unos prorrogados de la legislatura anterior? Lo peor, con todo, es la tomadura de pelo. A lo largo de los días, meses y años, vienen diciéndonos que están trabajando en ello, ni que fuese la obra de El Escorial. Afirman que están sudando la camiseta. La deben de tener ya sudadísima… La verdad es que no se van aprobar nunca porque no tienen los apoyos necesarios. Recuerdan a esos carteles que a menudo aparecían antaño en las tiendas en los que se podía leer «Hoy no se fía, mañana sí». La ministra, ya dimitida muy cargada de razón, nos decía que la prórroga presupuestaria es perfectamente constitucional. Ningún diputado de aquellas Cortes que elaboraron la Carta Magna hubiese supuesto nunca que lo que se preveía para una situación extraordinaria y provisional y con la única finalidad de no paralizar las finanzas públicas, pudiera devenir en una coartada para que un gobierno pasase toda una legislatura sin aprobar un solo presupuesto.

Lo que Montero no dijo es que esa misma Constitución obliga al Ejecutivo a presentar en el Parlamento antes del primero de octubre de cada año unos presupuestos, prevea que vayan a salir adelante o no. Este Gobierno de coalición reaccionaria (ya es hora de que se le empiece a llamar por su nombre) se ha pasado tiempo y tiempo llamando inconstitucional al PP, porque no se plegaba a dar su consentimiento a la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el sanchismo deseaba, obviando que tampoco ellos accedían a lo que el PP demandaba. Si había incumplimiento, era por las dos partes. A pesar de los chantajes del Frankenstein, despojando de forma abusiva y muy posiblemente inconstitucional de todas las funciones al CGPJ saliente, la parálisis era tan evidente y llamativa que fue necesaria la intervención de un comisario europeo para conseguir un acuerdo. Se logró así que al menos el nuevo organismo no fuese un instrumento más en manos del sanchismo. Ha sido ese mismo Gobierno el que lleva incumpliendo la Constitución todos estos años sin presentar al Congreso las cuentas públicas, tal como preceptúa el artículo 134. La responsabilidad es únicamente suya.

Y no es precisamente un tema menor. Los presupuestos se incardinan en el balbuceo de los sistemas democráticos. Los parlamentos y las cortes surgen en la Edad Media, unidos a la aprobación de las cuentas públicas, y asociados al plácet a los gravámenes que tiene soportar el pueblo, su destino y, por lo tanto, los gastos que puede acometer la Corona. Pasar de ello es remontarse a las etapas más oscuras de la política, es asumir el discurso más reaccionario. No taxation without representation; los impuestos tienen que haber sido votados, nos dice una antigua regla del parlamentarismo americano, aunque hoy Trump siga los mismos pasos de Sánchez en esto como en otros muchos casos.

«Lejos queda la obligación de una memoria económica acompañando cada medida que conlleva disposición de fondos públicos»

A la ausencia de presupuestos se ha unido la opacidad más absoluta. El Departamento de Hacienda se ha convertido en un arcano totalmente blindado a los medios de comunicación. Lejos quedan las ruedas de prensa periódicas en las que el ministerio informaba de la marcha de las finanzas públicas; y lejos queda la obligación de presentar una memoria económica, acompañando cada medida que conlleva disposición de fondos públicos. Hoy el Gobierno se limita a señalar, en aras de la propaganda, el monto de euros que se van a emplear (cuanto más grande mejor, muchas veces exagerado), si piensa que la medida tiene un impacto electoral positivo, sin que al final se dé la mínima explicación de si y cómo se ha gastado el dinero.

En contra de lo que muchas veces se piensa, según la Constitución española, no basta con que se incremente la recaudación impositiva y que el Gobierno disponga de recursos extraordinarios; estos solo pueden dedicarse a las aplicaciones que tengan autorización presupuestaria y en la cuantía que la tengan. Bien es verdad que tradicionalmente la ley general presupuestaria ha permitido que el documento presupuestario disfrutase de una gran flexibilidad, hasta el punto de que en el Ministerio de Hacienda se recordaba siempre la frase, un tanto irónica, del abogado del Estado que durante muchos años se encargó de elaborar la ley de presupuestos, afirmando que el presupuesto se había convertido en un solo crédito y ampliable.

No obstante, Sánchez ha incrementado sustancialmente el margen de maniobra. En principio, con la excusa del covid. Modificaciones que, como en tantos otros asuntos, han venido para no marcharse. A finales de 2022, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (la última aprobada) habilita al Gobierno, en su art. 9, para mover créditos entre secciones (lo que no estaba permitido con anterioridad) por necesidades ineludibles. Precepto actualmente en vigor, ya que se ha prorrogado como el resto hasta el momento presente.

Es este artículo el que ha servido últimamente para que el Gobierno del «no a la guerra» transfiriese de la aplicación destinada a los ayuntamientos 1.339 millones de euros a Defensa. Se ha pretendido hacer con el mayor sigilo. En la rueda posterior al Consejo de Ministros no se dijo palabra de ello. Solo apareció por obligación en el BOE, y con un lacónico «para atender necesidades ineludibles», sin mayor descripción y, por supuesto, sin indicar su procedencia.

«El instrumento preferido por Sánchez ha sido la utilización abusiva, como ningún otro gobierno, de los decretos-leyes»

Para ese manejo de los recursos públicos de manera arbitraria, el Gobierno disfruta de otro instrumento, los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation que, gracias al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, aprobado sorprendentemente con la abstención de Vox, concede a Sánchez la posibilidad de disponer de ellos como quiera y para lo que quiera.

Pero sin duda el instrumento preferido por Sánchez ha sido la utilización abusiva, como ningún otro gobierno, de los decretos-leyes y, además, bajo el formato ómnibus que, con el señuelo de una medida social y urgente, introduce una batería enorme de normas de todo tipo, aquello que el Gobierno necesita para seguir funcionando sin el Parlamento. Los diputados se ven obligados a convalidarlo en conjunto, es decir, a votar a favor o en contra de todas ellas.

En los primeros meses de este año, el Gobierno pretendió, amparándose en la necesidad de la actualización de las pensiones, seguir esta táctica. El problema surgió con el intento de prorrogar una vez más la medida, aprobada durante el covid, que suspendía el desahucio de aquellos que fuesen declarados como vulnerables. Ni Vox ni el PP ni Junts quisieron admitir el chantaje, y votaron en contra, lo que sirvió, como ya es costumbre, para que Sánchez, con todos los ministros, saliese en tromba, en plena campaña electoral de Aragón, a decirles a los jubilados que si sus pensiones no se actualizaban y perdían dinero, era culpa de Feijóo y de los populares que habían votado en contra del decreto. Curiosamente, ningún reproche para Junts, que teóricamente era su aliado.

Aun cuando nos hayamos acostumbrado a ello, la situación es demencial. Uno pensaría que el responsable fundamental de la política y de que se tomen o no determinadas medidas es el gobierno y no la oposición. No vale la excusa de que no puede gobernar, porque entonces lo que debe hacer es dejar el Ejecutivo. En el caso extremo, si la revalorización de las pensiones no se hubiese llevado a cabo, la causa última estaría en que Sánchez no ha presentado ni se han aprobado los presupuestos, que lógicamente es donde debe estar contenida esta medida. Al final se aprobó a base de dejar aparcado lo referente a la vivienda. No obstante, el decreto ley, en cierta forma, continuó siendo ómnibus.

«El superlíder que se jacta de arreglar las contiendas internacionales no es capaz de controlar ni a su gobierno»

Últimamente, con la excusa de la guerra, el Gobierno ha protagonizado un auténtico vodevil. Consejo retrasado durante horas, porque cinco ministros (los de Sumar) se negaban a entrar si en el decreto-ley que se iba a aprobar –en teoría para dar respuesta urgente a los efectos inmediatos de la guerra en los precios– no se incluían medidas para intervenir el mercado de la vivienda. El PSOE se negaba a ello, sabiendo de antemano que estas no iban a ser aprobadas por el Congreso. El superlíder que se jacta de arreglar las contiendas internacionales no es capaz de controlar ni a su gobierno. La solución que se adoptó fue habilitar otro decreto-ley incluyendo únicamente lo referente a la vivienda.

Con este segundo decreto-ley se legislaba no solo al margen del Parlamento, sino en su contra, puesto que se sabía positivamente que su voluntad era la contraria y que no lo iba a convalidar. Así y todo, el Gobierno ha manifestado el propósito de apurar todo el plazo para que la norma esté en vigor al menos un mes. No lo hace para conseguir nuevos apoyos en el Parlamento, que es evidente que no los van a obtener, sino para que puedan aprovecharse, quizás con muchas dudas jurídicas, los inquilinos cuyos contratos venciesen en este mes y para, según Yolanda Díaz, recurrir a la calle. Un Gobierno convocando protestas populares contra el Parlamento. No deja de ser paradójico. Ellos saben que no va a servir para nada. Todo representación, salseo, como afirma Sánchez, y justificación para algunos de por qué no abandonan las poltronas.

No obstante, el primer decreto-ley continúa siendo ómnibus (de ahí la tardanza en elaborarlo). Contiene 145 páginas y 80 medidas. Es claro que no todas ellas se dedican a compensar a los ciudadanos los perjuicios que puedan derivarse de la guerra, sino que una vez más el Gobierno pretende utilizarlo para introducir algunas de las normas que no ha podido aprobar por la ausencia de presupuestos; entre ellas, incremento de los créditos presupuestarios y el cierre de las centrales nucleares. El mismo Sánchez lo ha dicho, las hay coyunturales y estructurales, y está claro que la necesidad de aprobar estas últimas no ha surgido por la invasión de Irán. No son de urgente necesidad; no deberían incorporarse a un decreto-ley. De nuevo, se pretende chantajear a la oposición.

«Muchas de las medidas incorporadas al decreto-ley obedecen a la ausencia de presupuestos»

El presidente del Gobierno hizo una afirmación que en principio resultaba ridícula; unió la no presentación de los presupuestos con la elaboración del decreto-ley. Parecía indicar que una cosa era impedimento para la otra. Lo cierto es que la relación es más bien otra, que muchas de las medidas incorporadas al decreto-ley obedecen a la ausencia de presupuestos.

Tampoco la oposición está muy fina. Tanto Junts como el PP, lejos de criticar la utilización una vez más de un decreto-ley para introducir medidas que nada tienen que ver ni con su finalidad ni con la urgencia, pretendieron hacer lo mismo, incorporando unos la eliminación del IVA a determinados autónomos y otros la deflactación de la tarifa del IRPF, que pueden ser defendibles, pero cuyo origen no se encuentra en la guerra de Irán y cuya necesidad no ha surgido a raíz de la contienda.

El decreto al fin ha sido aprobado con los votos de Junts con la contrapartida de una vaga promesa de que van a librar del IVA a los autónomos con unos ingresos anuales de menos de 85.000 millones de euros. Como siempre, esta formación política sale a la salvación de Sánchez a pesar de afirmar que han roto todo lazo con el Gobierno. Y es que con quién van a estar mejor.