El caos de la inmigración
«La entrada sin límite ni objetivos provoca descontrol, baja los sueldos del ciudadano medio, reduce el nivel de la mano de obra y obliga a aumentar más los impuestos»
Imagen creada por inteligencia artificial.
En los ochenta, cuando yo era joven, emigré a Australia. Contra todo pronóstico o porque hablaba algunos idiomas de quienes entraban en ese país oceánico, me contrataron en un Centro de Ayuda y Recursos para el Emigrante de la ciudad de Perth. Me derivaban a los recién llegados procedentes de Italia, Marruecos y, por supuesto, España y Latinoamérica. Todo estaba organizado. Las llegadas eran programadas y controladas por el Ministerio de Inmigración con la ayuda de los distintos Estados australianos y de las empresas contratistas. Existían listas de las profesiones requeridas, necesarias para el país; el inmigrante era acompañado desde la misma aduana. Ha pasado casi medio siglo y recuerdo aquel orden, aquella previsión. Ahora, en España, sólo veo la improvisación del Gobierno y, por tanto, el caos que se avecina.
El nuevo decreto del Gobierno de Sánchez, pactado con Podemos, supondrá, según los expertos, la regularización de un millón de residentes ilegales. Para ayudar en una tarea que parece hasta imposible, se habla de agilizar los trámites; quieren poner a las oficinas de Correos a trabajar en un proceso tan delicado. ¿Los carteros se convertirán en policías, en expertos en inmigración, o se limitarán a dar el ok a cualquier papelito?
A ese millón de ilegales que vamos a regularizar, habría que sumar la naturalización prevista en la Ley de Nietos (oficialmente, Ley de la Memoria Democrática), que ya ha sido solicitada por un millón de descendientes de españoles en los distintos consulados. Sobre todo, en los latinoamericanos y en Miami. Los cónsules y sus trabajadores llevan todo 2025 quejándose de las colas que se montan en sus oficinas, debido a la falta de personal y al elevado número de peticiones para obtener la nacionalidad española.
La población de España puede aumentar en dos millones, pero la legislación que lo permite no va acompañada —como sería lógico— del proporcional aumento de presupuesto para la sanidad pública, para la educación pública, para la vivienda social, para los cuerpos de seguridad del Estado… Igual quedamos bien con la humanidad, pero a costa de sumergir a España en un desgobierno social y económico. Se ha pensado bien poco el tipo de profesiones necesarias o qué mano de obra hace más falta. Nadie ha priorizado la entrada de aquellos trabajadores que necesitan las empresas o los servicios públicos, ni se han establecido cupos.
Muchos de los que van llegando desde 2017 han acabado necesitando ayudas; se emplean, como pueden, con salarios bajos. Cáritas, según sus propias cifras, atendió, el pasado año, a 550.000 personas que viven sin papeles. Los albergues y comedores de beneficencia están llenos. Más aún en invierno. En verano, las calles y los parques (ahora bautizados como «refugios climáticos» por los biempensantes) son utilizados por gente sin abrigo, que duerme, pide, bebe, come y defeca en plazas y calles. No hay que irse al extrarradio; campean junto a La Moncloa.
«Si en 2017 España tenía 107.000 inmigrantes irregulares, el pasado año ascendieron a 840.000»
Según cifras oficiales, si en 2017 España tenía 107.000 inmigrantes irregulares, el pasado año ascendieron a 840.000; residen sin papeles, trabajan (en negro o por menos de lo debido) y se alojan como pueden. Serán muchos más, como todos sabemos, los que se acogerán al decreto que la izquierda sanchista y podemita pretende acelerar.
Tanta apertura sin programación alienta a las mafias que viven del tráfico humano. Las de empadronamiento han proliferado; también las de quienes alquilan (bajo mano) no ya habitaciones, sino camas, a recién llegados sin posibles. Hace nada conocí a varias mujeres filipinas, con niños pequeños, que se alojan en un zulo con un baño y cinco habitaciones enanas. Se turnan en el cuidado de los hijos para ir a trabajar. Dos viven en Madrid desde hace tres años. Las otras llegaron el pasado enero desde el norte de Europa atraídas por la nueva y fácil regularización española. En Dinamarca, la primera ministra socialista ya ha puesto freno a la inmigración.
¿Ha pensado este Gobierno que los presupuestos de Sanidad, Educación, Vivienda, Transporte… no dan de sí? En España, la atención médica gratuita es un derecho de todas las personas, coticen o no; como consecuencia, nos hemos convertido en líderes del turismo sanitario. Vienen, se operan y vuelven tan contentos a sus países. Nadie pone freno al exceso.
«El resto de las naciones europeas devolverá a España a los inmigrantes regularizados que pretendan instalarse en otros países»
Los doctores españoles, cuyos salarios son muy inferiores a los de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania o Suiza, se quejan con razón. Para superar los 2.300 euros al mes, jóvenes y no tan jóvenes médicos bien preparados en nuestras universidades públicas tienen que hacer guardias, que no constan para su seguridad social. Tampoco les pagan las horas extras. Desde 2019, más de 2.080 profesionales españoles han emigrado; otros han llegado de Latinoamérica para sustituirlos. De locos.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha advertido al Gobierno español que su nuevo permiso de residencia exprés no permite el libre asentamiento en la UE. El resto de las naciones europeas devolverá a España a los inmigrantes regularizados que pretendan instalarse en otros países.
La entrada sin límite ni objetivos provoca descontrol, baja los sueldos del ciudadano medio, reduce el nivel de la mano de obra, obliga a aumentar aún más los impuestos y enfada a los jóvenes. Con este nuevo decreto, sin un aumento presupuestario en Sanidad y en el resto de servicios públicos, España camina hacia el caos.