Antonio García Maldonado

Una 'sin alcohol' en la cantina del Tribunal de Luxemburgo

"Es ciertamente peligroso para la salud del proyecto que las instituciones europeas sean crecientemente percibidas como fuente de límites caprichosos según el tamaño del país involucrado"

Opinión

Una 'sin alcohol' en la cantina del Tribunal de Luxemburgo
Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Antonio García Maldonado

Antonio García Maldonado

Edito, traduzco, analizo y escribo. Aspiro a un estoicismo beckettiano: "Fracasa de nuevo, fracasa mejor". Sureño.

Hace unas semanas, varios conocidos fuimos a tomar algo con un buen amigo común que había tenido un contratiempo profesional inesperado. Cuando el camarero nos preguntó qué deseábamos beber, la elección varió entre cerveza, vino tinto, vino blanco y vermú, como preludio a alguna copa. En cambio, el afectado, más bien tímido, pidió una «sin alcohol», a lo que siguió un murmullo de simpática extrañeza que él ahogó con sorna diciendo que el que es soso, es soso hasta el final. Es más, que un buen soso demostraba que lo era en momentos difíciles, que beber una sin cuando todo va bien era muy fácil.

He recordado la escena al conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. Según la sentencia, el candidato de ERC había adquirido la inmunidad propia del escaño al margen de que no hubiera cumplido las formalidades en la sede del Europarlamento al estar en prisión preventiva y no concederle el tribunal el permiso para poder hacerlo. Las consecuencias penales prácticas para el interesado son aún desconocidas, y probablemente limitadas, pero los efectos políticos son importantes, y desde el primer momento han comenzado a despuntar en las redes sociales y en la prensa algunos conatos preocupantes.

Más allá de lo que pueda influir o no en las negociaciones de la investidura para la formación de un Gobierno en España, y en el estado de ánimo de una parte importante de Cataluña –y, por tanto, en las expectativas de salir del bucle del procés–, la decisión del TJUE ha despertado un euroescepticismo latente que ha adquirido notoriedad con el movimiento del #Spexit. Un hashtag que pide, a imitación del Brexit, la salida de España de la UE y algo así como «recuperar el control» y huir de un Macron y una Merkel que habrían secuestrado nuestra soberanía en nombre de un proyecto falsamente comunitario. Vox, por supuesto, ha aprovechado la coyuntura y ha destacado en la denuncia de esta «dominación» extranjera. Han vuelto, incluso, las acusaciones de «afrancesados» a los que en estas horas han mostrado su rechazo a la posibilidad de salir de la UE.

No hay que negar la frustración e impotencia que el fallo genera en muchos españoles. Y no se trata de emociones y atavismos tribales, sino de la incomprensión racional que produce en muchos constatar la dificultad que la democracia tiene para defenderse a sí misma de quienes quebrantan su ley fundamental. Más aún cuando, quienes así lo hacen –y el fallo del TJUE no niega que así haya sido–, se protegen en países socios del proyecto político supranacional del que formamos parte y, además, encuentran su comprensión.

No obstante, caben algunos matices. Uno de ellos muy bien expresado por el filósofo Gregorio Luri en un tuit certero: «Los tribunales europeos no son extranjeros. Forman parte de nuestro sistema jurídico. Son nuestros». Otro, por el politólogo Ignacio Molina, que en la misma red social recordaba que los seis principales países miembros de la UE se habían visto muy agraviados por las distintas instituciones europeas en estos meses, como Francia cuando el Europarlamento rechazó a su candidata a comisaria, o Alemania con la política monetaria del BCE durante la era Draghi.

Mal de muchos, consuelo de tontos. Y es ciertamente peligroso para la salud del proyecto que las instituciones europeas sean crecientemente percibidas como fuente de límites caprichosos según el tamaño del país involucrado, o de deberes que producen daños colaterales y perdedores sin importar sus efectos en la estabilidad social y política. Pero no es menos cierto que el de la UE es el gran proyecto político de nuestra generación, y que hemos conseguido los mejores niveles de bienestar y desarrollo gracias a ella y formando parte de ella. Pero un proyecto político no vive de la hoja de servicios ni de su realidad de mal menor en un mundo peligroso. Necesitamos algo más, y este fallo no ayuda en España. Urge un impulso distinto, y seguramente necesitamos explicaciones, también de nuestro Poder Judicial, pero el europeísmo y la convicción de la necesidad de su éxito se demuestra en momentos como este, no cuando llegaban los fondos estructurales y de cohesión. Como mi amigo al pedir la sin en un mal momento.

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