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Vigilar la seducción política

Foto: JUAN MEDINA | Reuters

El tema de los límites del gobierno solía ocupar poco a los pensadores europeos. Por el contrario, casi siempre se creía que era una cuestión más propia del mundo anglosajón, donde el poder se construye para proteger las esferas de libertad. No obstante, es común a todos los modelos constitucionales la aplicación del principio de proporcionalidad para tratar de contener aquellas decisiones del Estado que impidan un correcto desenvolvimiento de los derechos fundamentales. Hoy sin embargo nos preocupan dos esferas de la acción de gobierno donde se discute si es necesario el respeto de cierta neutralidad: los servicios públicos y el discurso gubernamental.

En cuanto a los primeros, Pierre Rosanvallon nos ha enseñado que su aparición, en la Francia decimonónica, se debió precisamente a una intención de limitar el partidismo y las facciones a partir de la idea de interés general. La democracia implica un sustrato de igualdad, más allá de diferencias ideológicas. Por ello, se fueron incrementando progresivamente los ámbitos sociales y económicos donde el Estado proporcionaba bienes comunes a la ciudadanía. La escuela solía y suele ser centro de polémicas al respecto: el libre desarrollo de la personalidad, reconocido constitucionalmente, implica que los niños y adolescentes tendrán una educación que a partir de ciertos valores comunes, les abrirá a las distintas opciones para entender y enfrentarse a la vida. Hay por tanto, en este espacio, una necesidad imperiosa de neutralidad que evite las tendencias adoctrinadoras que trasmitan visiones monolíticas de la realidad.

El discurso gubernamental tiene que ver con las políticas públicas asociadas con el gasto público y la realización de programas electorales. Aquí el poder público, la dirección de la administración, estará condicionada, inevitablemente, por cierto sesgo ideológico. En Estados Unidos, como nos ha enseñado Víctor Vázquez, dicho sesgo no suele estar controlado por el Tribunal Supremo, sino que éste ha delegado dicho control al proceso político democrático: las elecciones. Pero el government speech tiene sus límites: hacer, sí, lo que las competencias constitucionales permiten, pero no fomentar un discurso de carácter ornamental, manipulador o puramente propagandístico. Con el advenimiento de los populismos, la conservación de nuestras democracias pasará por pensar mecanismos institucionales que articulen formas de vigilancia efectivas para evitar modos de persuasión públicos y privados que condicionen las decisiones colectivas.

Andamos en España en tiempos de reforma constitucional. Lo que ha pasado en Cataluña –y sigue pasando- debería hacernos reflexionar sobre los límites del gobierno. No se trata solo de garantizar competencias, resolver contenciosos financieros o proporcionar comodidades identitarias. Se trata también de mejorar nuestra democracia y quizá incorporar a nuestra Norma Fundamental un principio de neutralidad explícito que aplaque a quienes usan el poder no solo para gestionar asuntos comunes, sino para seducir el corazón de los ciudadanos.

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