España(s)

Ahora que el nuevo Gobierno echa a andar, no está de más identificar aquellas oposiciones conceptuales -¡y emocionales!- que están llamadas a jugar un papel protagonista a lo largo de la legislatura: para saber a qué atenernos. Entre ellas, sobresale sin duda aquella que diferencia entre una «España plural» y una «España única», que dibuja en apariencia una nítida distinción entre dos formas de concebir la nacionalidad y su relación con el poder territorial. En la medida en que podemos esperar que la cuestión catalana siga condicionando nuestra vida pública, nos encontraremos con cierta frecuencia con esa pareja de términos. Ya que se ha anunciado como propósito de la acción del gobierno la así llamada «desjudicialización de la política», será por ejemplo de esperar que quien objete la necesidad de aplicar la ley y respetar el orden constitucional reciba el reproche de defender la «España única» y de oponerse a la «España plural». No son, en fin, solo palabras.

«La «España plural» sería respetuosa de la diversidad del país -o del «Estado»- y compatible con una ideología progresista, orientándose en la práctica sin embargo menos hacia un federalismo racional que hacia un confederalismo que separa naciones y regiones»

¿Y qué quiere decirse con ellas? Para sus acuñadores, la «España plural» sería respetuosa de la diversidad del país -o del «Estado»- y compatible con una ideología progresista, orientándose en la práctica sin embargo menos hacia un federalismo racional que hacia un confederalismo que separa naciones y regiones. Tal como ha dicho Idoia Mendia, secretaria general de los socialistas vascos, se trataría de promover la «concordia entre territorios». Por el contrario, la «España única» respondería a una idea centralista del país que reniega de la diversidad interior: se persigue así la devolución de competencias al Estado y una represión de las diferencias culturales que asegure la hegemonía del tradicionalismo castellano. Si los unos son partidarios de la plurinacionalidad y de una soberanía disfrutada en régimen de multipropiedad, los otros afirman que nación solo hay una y a ella corresponde la soberanía. Solo bajo el influjo de estas caracterizaciones puede entenderse que un partido como el PNV pase por «progresista» o que los votantes de los partidos nacionalistas se sitúen a sí mismos, invariablemente, a la izquierda del espectro ideológico: aunque tengan un abuelo carlista.

Naturalmente, la existencia objetiva de un discurso recentralizador no es imprescindible para su invocación beligerante si ésta se tiene por electoralmente beneficiosa. Hasta la aparición de Vox, el nacionalismo español contrario al Estado autonómico carecía de vehículo expresivo en nuestra democracia. Sin embargo, la acusación de «nacionalismo español» se elevaba contra PP y Cs con toda naturalidad: a la derecha todo es «extrema derecha» y esta caracterización atañe también a la cuestión territorial. De ahí que la bandera española que una vez usó Sánchez fuese vista como una normalización saludable de la identidad nacional y la misma bandera detrás de Rivera se tachase de «joseantoniana». Está todo inventado.

Sin entrar en demasiados detalles, empero, salta a la vista que estamos ante una oposición falaz que sirve para desdibujar una realidad que es muy distinta a la que esos conceptos transmiten. Por un lado, es absurdo afirmar que la Constitución de 1978 no reconoce la pluralidad española; lo hace hasta el punto de identificar unas «nacionalidades» que ahora algunos querrían convertir en naciones políticas por la vía de la «plurinacionalidad». Por otro, lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos treinta y cinco años es justamente lo contrario: políticas de nacionalización mediante, esas nacionalidades se han convertido en comunidades cuya pluralidad interior no es debidamente reconocida. ¿Acaso no pretende hablar el gobierno nacionalista de Torra en nombre de todos los catalanes y se ha sentido autorizado en el pasado a engalanar las instituciones públicas con los signos distintivos del separatismo, tal como esos lazos amarillos que han conducido a su inhabilitación por violación de la neutralidad obligada de los poderes públicos?  Para los gobiernos nacionalistas una cosa es exigir pluralismo a España y otra cosa es que se lo exijan a ellos. Así que España es plural, pero Cataluña y el País Vasco deben ser uniformes. Del mismo modo y como se ha visto, la concordia se predica de los territorios y no de los ciudadanos, que poseerán un estatuto diferente dependiendo de dónde vivan e incluso de cómo piensen o sientan según donde vivan.

Que los partidos nacionalistas y sus votantes puedan pensar así no es demasiado sorprendente. Que lo hagan las fuerzas de izquierda resulta más desconcertante, a no ser que razonemos en clave puramente electoral. Igual que los impuestos al uso de las letrinas impuestos por el emperador Vespasiano, los votos para la investidura non olet vengan de donde vengan. Pero incluso si empleamos el criterio puramente electoral, habría que dar cuenta de las ideas que sostienen la conclusión de que separatismo e izquierda pueden reunirse en una coalición «progresista». Y aunque otros han estudiado este asunto con admirable exhaustividad, a mí me ha llamado la atención comprobar cómo el Diccionario Político de Eduardo Haro Tecglen ya contenía, en su edición de 1974 en la editorial Planeta, algo parecido a una explicación.

Escribía allí el difunto Haro que el patriotismo es de derechas y el nacionalismo, entendido «por su alusión al conjunto actual de habitantes de un país», o sea a la francesa, es de izquierdas. Pero añadía que el nacionalismo estuvo condenado por la izquierda en los tiempos en que se apoyaba el internacionalismo obrero, habida cuenta de que las naciones eran propiedad de los grandes privilegiados. Sin embargo, esto también cambia:

«El nacionalismo aparece cargado de fuerza y de valores en la ideología de la izquierda a partir del momento en que  se utiliza en los países colonizados y dependientes para luchar contra el colonialismo; supone entonces una afirmación de los valores propios, humillados y alienados, como las religiones, lenguas, tradiciones, etc., frente a las ideas impuestas por la nación ocupante» (p. 219).

«Si por el camino se recupera la idea de que la Transición fue una estafa y la democracia española nunca ha sido otra cosa que un franquismo encubierto, entonces razón de más para afirmar que España ha seguido siendo una «nación ocupante» en el País Vasco y Cataluña»

No hay que ser demasiado avispado para reconocer que ese mismo argumento es el que sirve todavía hoy para justificar la bondad de nuestros nacionalismos interiores, sobre la base del ahogamiento franquista de las identidades vasca y catalana. Inverosímilmente, esa idea se traslada con éxito al periodo constitucional; a pesar de lo que dice la Constitución y a despecho de lo sucedido con la política territorial desde su promulgación. Si por el camino se recupera la idea de que la Transición fue una estafa y la democracia española nunca ha sido otra cosa que un franquismo encubierto, entonces razón de más para afirmar que España ha seguido siendo una «nación ocupante» en el País Vasco y Cataluña. De ahí la convergencia del nacionalismo con la izquierda; con la novedad de que ya no se trata solo de la izquierda comunista o populista, sino también del centro-izquierda representado por el PSOE. Ya veremos hasta qué punto se trata de una mera estrategia para alcanzar el poder o de un cambio en toda regla en la cultura del partido; también pudiera ser que la estrategia cristalizase involuntariamente en una nueva cultura.

En todo caso, parece evidente que el razonamiento no guarda ninguna relación con la realidad. Pero, ¿qué pueden hacer el razonamiento y la realidad contra un buen eslogan?