El Congreso de Guatemala vetará la unión homosexual y endurecerá las penas de aborto

Una iniciativa de ley presentada este jueves en el Congreso de Guatemala busca imposibilitar el matrimonio homosexual y endurecer las sanciones penales contra el aborto, que está prohibido en el país.

El proyecto, dado a conocer este jueves por varios partidos, liderados por Aníbal Rojas, de Visión con Valores (VIVA), tiene como fin aumentar el castigo contra el aborto y prohibir la unión homosexual, prácticas que a juicio de los proponentes son ilegales y amorales, pues contravienen los principios religiosos.

Rojas ha hecho énfasis en que los principios bíblicos «quedan plasmados en esta iniciativa de ley», avalada por la comunidad evangélica y presentada con el respaldo de 30.000 firmas.

La propuesta de ley del oficialista busca reformar el Código Penal para enviar de 5 a 10 años de prisión a la mujer que cause o consienta el aborto, y de 6 meses a 2 años a quien lo haya hecho pero tenga alguna «alteración psíquica».

Para quien lo practique impondría penas de 6 a 12 años de cárcel si es consentido, de 10 a 15 años si es sin consentimiento, y de 15 a 25 años si se emplea «violencia, amenaza o engaño».

Los médicos o profesionales sanitarios que lo consientan o que «cooperen» en su realización tendrán que pagar, además, un multa de 50.000 a 200.000 quetzales (de 6.600 a 26.600 euros) y quedarán inhabilitados para ejercer su profesión entre 10 y 20 años.

Si la práctica conlleva la muerte de la madre, la ley impone de 15 a 25 años.

El proyecto contempla el aborto terapéutico siempre y cuando «por lo menos dos médicos gineco-obstretas» diagnostiquen que la vida de la progenitora está en riesgo y se han agotado «todos los medios científicos y técnicos».

Por otro lado, la propuesta también prohíbe expresamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y restringe la posibilidad de que las entidades educativas, públicas y privadas puedan promover programas relativos a la diversidad sexual.

Además estipula que no será obligatorio aceptar «como normales» las conductas y prácticas no heterosexuales, por lo que ninguna persona podrá ser «perseguida penalmente» por no aceptar «como normal la diversidad sexual o la ideología de género».

En el acto de presentación, Rojas ha hecho énfasis en que esta es una propuesta avalada por «la mayoría» de los partidos con representación en el Congreso, un total de 16.

La iniciativa surge después de que el pasado febrero el «barco abortista» de la ONG holandesa Women On Waves visitara Guatemala para realizar estas prácticas en aguas internacionales.

Los activistas tuvieron que abandonar el país custodiados por el Ejército sin practicar ninguna intervención.

En Guatemala se calcula, a falta de estadísticas oficiales, que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros y anualmente 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna.