Gobierno y obispos acuerdan la indemnización para las víctimas de la Iglesia
La CEE y religiosos reconocen y reparan así a aquellas supuestas víctimas que ya no pueden recurrir ya a la vía judicial
Bolaños, Argüello y Díaz Sariego en fotografía de archivo. | Diego Radamés (Europa Press)
El Gobierno y la Conferencia Episcopal suscribirán este lunes un protocolo destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. La firma del mecanismo está prevista para las 11:00 horas en la sede del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha participado en el protocolo. Con ello los Obispos reconocerán y repararán a aquellos que ya no pueden recurrir ya a la vía judicial, por prescripción del delito o fallecimiento del supuesto agresor, según han comunicado este domingo las mencionadas instituciones.
El acuerdo contará con la rúbrica del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Este sistema surge al calor del acuerdo firmado en enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer, con el objetivo de habilitar una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales. Los casos se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y el coste será asumido por la propia Iglesia.
La aprobación del protocolo se produce después de que la Iglesia señalara el pasado 19 de marzo que aún quedaban «algunos flecos» por cerrar en el acuerdo de indemnización a las víctimas de abusos sexuales en su seno, y expresara su confianza en alcanzarlo «en una o dos semanas».
Los obispos llegan a un acuerdo tras años de avances
En 2024, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), orientado a atender y compensar a víctimas cuyos casos no pueden seguir la vía judicial, ya sea por prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor. Sin embargo, muchas víctimas han rechazado acudir a una comisión dependiente de la institución, lo que ha impulsado la creación de un modelo mixto entre Iglesia y Estado.
Desde la Conferencia Episcopal subrayaron que este proceso «es complementario al plan Priva, no alternativo». Asimismo, aclararon: «Una persona que ha ido al plan Priva, no puede ahora volver al plan del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado», según indicaron fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE. Este aspecto permanecía «sin definir», aunque en el acuerdo de enero «ya se dice que el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora», añadieron las mismas fuentes.
Un nuevo mecanismo para la reparación de las víctimas
Con este nuevo planteamiento se pretende evitar que las víctimas que ya han aceptado el dictamen del plan Priva —aunque no estuvieran conformes con la reparación recibida— puedan presentar una segunda reclamación ante el Defensor del Pueblo. El nuevo mecanismo establece que la víctima iniciará el procedimiento ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que remitirá el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), atendiendo a las solicitudes de la persona afectada.
Dicha propuesta será trasladada a la comisión asesora del plan Priva, que la evaluará y emitirá un informe. Si ambas partes —Priva y la persona solicitante— muestran conformidad, la propuesta se considerará definitiva y la indemnización correrá a cargo de la Iglesia. En cambio, si no hay acuerdo, ya sea por parte de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta con participación de asociaciones de víctimas, que deliberará para intentar alcanzar un consenso unánime. Si la discrepancia persiste, corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución final.