España tampoco reconoce la Constituyente impuesta por Maduro

El Gobierno español ha anunciado que no reconocerá en Venezuela “una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto”.

Así lo ha indicado esta noche el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en una nota remitida a Efe por la Oficina de Información Diplomática en la que añade que por ese motivo España “no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente”.

“España -refiere la nota- lamenta que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales”.

Las protestas recrudecieron en Venezuela este fin de semana, a medida que se acercaba la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente. No se hizo un referéndum consultivo para saber si la población aprobaba la convocatoria hecha por Maduro.

En las últimas horas, se han registrado 12 muertos en manifestaciones opositoras, cinco de ellos en Táchira y cuatro en Mérida, ambos estados ubicados al occidente del país.

Añade que “el Gobierno español condena los actos de violencia y represión que han provocado numerosos muertos en las últimas horas, que se suman a los más de 100 venezolanos fallecidos en protestas generadas por el deterioro de la situación política y económica y a favor de la democracia en Venezuela”.

A juicio del Ejecutivo español, “la Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país”.

España, continúa la nota de la OID, “insta una vez más al Gobierno venezolano a que inicie un proceso sincero de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela como la Asamblea Nacional, y que permita un amplio acuerdo que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia”.

Agrega que el Gobierno español estudiará “junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática y constitucional en la República Bolivariana de Venezuela”.

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