Un juez de Barcelona ordena identificar a los agentes antidisturbios que actuaron el 1-O
Un juez ha ordenado identificar a los agentes antidisturbios que actuaron en Barcelona durante la operación de la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre
Un juez ha ordenado identificar a los agentes antidisturbios que actuaron en Barcelona durante la operación de la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre durante la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, anulado por el Tribunal Constitucional, informa Europa Press. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona señala que ha tomado esta decisión después de haber abierto una investigación por las cargas policiales de ese domingo que dejaron, según datos de la Generalitat, más de 800 heridos.
El juez ha dado la información a Europa Press tras admitir a trámite una denuncia de la Generalitat contra la operación desplegada por la Policía Nacional y Guardia Civil. También se ha opuesto a la pretensión del fiscal de reducir la investigación a los hechos sucedidos en un solo colegio (la Escola Infant de Jesús) porque, según destaca, «existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad durante una misma mañana». Por esto, el juez considera que la investigación debe incluir todos los centros de votación para determinar cuál fue la actuación concreta, tanto de los funcionarios policiales, como de los manifestantes.
El 2 de octubre, la información que manejaba el destituido Govern, era de un total de 893 personas atendidas por los servicios médicos debido a heridas de diversas consideración como resultado directo o indirecto de las cargas policiales. El PP calificó de falsas esas cifras. De hecho, en esa ocasión, el coordinador general del partido del Gobierno, Fernando Martínez-Maíllo, había asegurado que los datos “son mentira”, según dijo durante una comparecencia ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del partido.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo fueron cesados tras la aplicación del artículo 155, ejecutado por el Gobierno de Mariano Rajoy.