El despliegue policial en Cataluña con motivo del referéndum costó 87 millones de euros
El coste aproximado del despliegue en Cataluña de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con motivo del referéndum de independencia del 1 de octubre declarado fue «de 87 millones de euros»,
El coste aproximado del despliegue en Cataluña de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con motivo del referéndum de independencia del 1 de octubre declarado ilegal fue «de 87 millones de euros«, entre alojamiento, manutención y dietas, ha informado este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición de la oposición para informar sobre diferentes aspectos relacionados con el operativo policial el pasado octubre.
«Sí, es una cantidad muy importante de dinero que debemos pagar todos debido a la irresponsabilidad del entonces gobierno catalán«, ha declarado Zoido, justificando así el amplio despliegue en Cataluña con motivo de la consulta ilegal convocada por el gobierno de la Generalitat.
«La cifra no puede ser exacta porque los efectivos iban y venían pero el dispositivos en general fue de 4.500 personas, aunque durante tres días llegaron a ser 6.000 efectivos entre policías y guardias civiles durante tres días». El ministro ha justificado también este despliegue porque su ministerio no encontró colaboración por parte de los Mossos d’Esquadra.
Desde la oposición se ha criticado al ministro por las cargas policiales del 1 de octubre, indicando que «los mossos intervinieron en más de 500 colegios electorales sin pegar un palo», ha dicho el representante del grupo mixto, Jon Iñarritu. «Entonces, ¿cuáles el es motivo de esa violencia por parte de los policías? El Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pidieron a su gobierno que abriera una investigación que usted rechazó porque dice que actuaron con proporcionalidad», ha añadido el senador.
Zoido había asegurado previamente en su primera intervención que el cometido de las fuerzas policiales era «garantizar la seguridad de autoridades, de funcionarios, de instalaciones y edificios de la administración general del Estado y de la administración de Justicia, incluidas sedes de partidos que tenían una amenaza y servicios de protección a personas e instalaciones muy sensibles».
En cuanto a las cargas policiales del 1 de octubre, Zoido ha subrayado que los policías y guardias civiles «estaban para defender la libertad y los derechos de un estado democrático que el gobierno catalán pretendía violentar y no voy a permitir que se les falte al respeto». «Han ayudado a salvaguardar nuestra democracia y nuestro Estado de derecho ante quienes han llevado a Cataluña a una situación muy peligrosa«.
El ministro ha insistido en culpar de lo ocurrido al «govern independentista» que «estuvo advertido con antelación de las graves consecuencias que podría conllevar su conducta». «Desde las instituciones del Estado advertimos de que no podían seguir vulnerando el Estado de derecho pero ignoraron las advertencias y siguieron adelante».
Frente a esa actitud, «el comportamiento del Gobierno central ha sido coherente, proporcionada y de acuerdo a la ley«, ha asegurado el ministro. «Nuestro deber era y es cumplir con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y la democracia y es lo que vamos a seguir haciendo«. Zoido ha advertido a continuación que «siempre que están en grave riesgo los derechos, las libertades y el bienestar de todos los ciudadanos, no cabe otra opción que la firmeza y que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizados sus seguridad y sus derechos».
