Los legisladores de EEUU rechazan que las armas las lleven los profesores pero no los bibliotecarios

La matanza de hace casi un mes en el Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland (Florida), ha puesto en la mesa del debate legislativo si los profesores deberían portar o no armas en los colegios para prevenir este tipo de sucesos. El presidente Donald Trump ha sido uno de los principales impulsores de esta idea que ha sido rechazada por los propios estudiantes sobrevivientes del instituto donde Nicolás Cruz, de 19 años, asesinó a 17 personas con un AR-15.

Aunque el gobernador de Florida, Rick Scott, defiende que las escuelas no estarán más seguras con los maestros portando pistolas de manera encubierta, sus compañeros republicanos del Poder Legislativo se han mostrado más abiertos a la idea, informa The New York Times. Luego de un debate en el Senado de Florida este lunes, los legisladores han acordado que mantendrán las armas lejos de los maestros, pero no fuera de las escuelas ¿Cómo? Armando a bibliotecarios, consejeros y entrenadores, añade el periódico.

El Senado acordó eximir a los maestros que trabajan a tiempo completo en el aula de tener armas en el campus pero todos los demás, sin importar qué tan cercanos se relacionen con los estudiantes, podrían ser elegibles para llevar las pistolas. La llamada «Ley de seguridad pública Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas» (SB 7026) también daría a las fuerzas del orden más poder para decomisar armas y munición de aquellos que consideren no aptos o una amenaza, y proporcionaría fondos adicionales para agentes en escuelas y centros de salud mental, añade CNN.

Un programa voluntario de 67 millones de dólares permitiría a los trabajadores escolares entrenarse con los alguaciles locales para capacitarse y armar al personal designado en el campus. La restricción adoptada el lunes eliminaría la «gran mayoría» de personal de la escuela de estar armado pero no a todo, dijo el patrocinador de la legislación, el senador Bill Galvano, un republicano. El paquete legislativo de 400 millones de dólares también contiene fondos para programas de seguridad escolar y salud mental, y numerosas medidas de control de armas con la oposición de la Asociación Nacional del Rifle. Ahora se dirige a la Casa de Estado para su aprobación.