Investigado Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda, por posible malversación
José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y número dos del ministro Cristobal Montoro, está siendo investigado por los posibles delitos de Prevaricación administrativa continuada, Falsedad en documento mercantil, Malversación de caudales públicos continuado y Cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.
José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y número dos del ministro Cristobal Montoro, está siendo investigado por los posibles delitos de Prevaricación administrativa continuada, Falsedad en documento mercantil, Malversación de caudales públicos continuado y Cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.
Fernández de Moya tendrá que declarar como investigado el próximo día 5 de junio, junto a otras cuatro personas, tras una denuncia previa a la que se le ha sumado un informe de Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, según informa Cadena Ser.
Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad.
Según el informe de diligencias previas, al que ha tenido acceso Cadena Ser, sostiene que Hernández de Moya «ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del Consistorio jienense, distintos pagos a la empresa MartinsReg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital» y que habría presentado “facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el Ayuntamiento».
Las diligencias previas indican que supuestamente se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa, lo que supuso un coste para el Ayuntamiento superior a los 3,6 millones de euros. Durante la investigación, según ha informado el TSJA, se ha recabado documentación del Ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil.