Un documento hallado al "yonki del dinero", clave en la detención de Zaplana

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como «el yonqui del dinero», un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Eduardo Zaplana.

Fuentes de la investigación han explicado a Efe que los agentes de la UCO hicieron aquel registro en los preparativos de la operación Taula, que culminó en enero de 2016 con la detención de 24 personas, incluido el presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esa provincia, Alfonso Rus, y derivó en la acusación de financiación ilegal al PP valenciano. El caso Taula es una derivación del caso Imelsa, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas y en el que Benavent era (y sigue siendo) uno de los investigados, dado que fue gerente de esta empresa pública de la Diputación de Valencia de 2007 a enero de 2015.

Poco antes del registro clave, en mayo de 2015, Marcos Benavent reapareció públicamente con aspecto hippie y admitió haber sido un «yonki del dinero». Comenzó a colaborar en las investigaciones y anuncio que iba a hacer «mucho daño».

La cuestión es que en uno de esos registros posteriores al inicio de la colaboración, los agentes hallaron un documento que no tenía nada que ver con la operación Taula pero en el que apreciaron suficientes indicios de actividades delictivas. Las fuentes han confirmado que el propio Benavent fue al juzgado a confirmar la autenticidad del documento. Su versión es que se lo entregó un ciudadano sirio que le dijo que la encontró en una reforma de una vivienda que había pertenecido a la familia de Zaplana.

Ese documento acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y que ayer permitió el arresto, entre otros, del expresidente valenciano y exministro, Eduardo Zaplana. Se trata de la operación Erial, en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

El foco está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunidad Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico de la región, aprobado en 2011. Los investigadores creen que algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado alrededor de 10 millones de euros en concepto de comisiones.

Entre esos beneficiarios estarían Vicente y José Cotino, ambos detenidos ayer, sobrinos de Juan Cotino, exdirector de la Policía, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de las Cortes valencianas, que por su parte ha sido imputado. Los investigadores relacionan a los hermanos Cotino (administrador y socio de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa) no solo con el pago de las comisiones, sino también con el blanqueo del dinero.

También fue arrestado el que fuera jefe de Gabinete de Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana y posteriormente presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García. Se le investiga por presidir la mesa de contratación de una de las licitaciones.

La Guardia Civil arrestó al exdirector del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y posteriormente director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y a su mujer, Felisa López. Los relaciona con un entramado societario creado para la repatriación de los fondos procedentes de Luxemburgo, uno de los lugares en los que habría permanecido oculto el dinero.

Y también fue detenido Francisco Grau, el asesor fiscal y financiero de los componentes de la trama. Precisamente, el blanqueo y repatriación de ese dinero en los últimos años por parte de Zaplana habría sido la segunda pieza clave para activar la investigación. Zaplana ha sido trasladado hoy a Madrid para el registro de su domicilio y de su oficina (que se suman a los dos realizados ayer en sus casas de Valencia y Benidorm) antes de su puesta a disposición judicial.