El Supremo archiva la querella de Quim Torra contra Mariano Rajoy y Soraya Saenz de Santamaría

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado este lunes la querella presentada por el president de la Generalitat, Quim Torra, contra el expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por un presunto delito de “prevaricación por omisión” por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo.

En un auto, la Sala II del alto tribunal inadmite a trámite la querella de Torra al no ver delito en la denegación de la publicación de aquel decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-, informa Efe.

De esta forma, los magistrados siguen el criterio de la Fiscalía que manifestó en su escrito que la denegación de la publicación de aquel decreto no puede ser considerado como un acto «injusto y arbitrario» y mostró su «frontal oposición al contenido de la denuncia».

La Fiscalía sostuvo que en virtud de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo tenía la potestad de designar órganos o autoridades que podían decidir si actos como el de proceder o no a la publicación de un decreto del presidente de la Generalitat, resultaba o no contrario a las finalidades que perseguían los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros el 21 de octubre.

La querella, presentada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo el pasado 1 de junio, argumentaba que la decisión de no publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-, fue “arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal”.

La no publicación de los nombramientos en el DOGC bloqueó durante unos días la formación del Govern, hasta que el pasado 29 de mayo, Torra firmó un nuevo decreto, en el que sustituía a los consellers que se encuentran en prisión o en el extranjero.