Amnistía exige al Gobierno que paralice las expulsiones exprés de migrantes

Apenas unas horas después de conocerse la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de expulsar a Marruecos a los 116 inmigrantes que saltaron este miércoles la valla de Ceuta, Amnistía Internacional (AI) le ha exigido que paralice las expulsiones exprés que se están produciendo hacia el país vecino, al considerar que pueden suponer «una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo».

El Gobierno justifica su política de devoluciones según un acuerdo firmado en 1992 entre España y Marruecos. Según este acuerdo, ambos países disponen de un plazo de diez días para solicitar la readmisión de aquellas personas que han entrado ilegalmente en sus territorios.

Tras esta «operación insólita», en una nota, el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha señalado que debido a la celeridad con la que se ha llevado a cabo la devolución «difícilmente» se les ha podido garantizar a las personas migrantes el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías. Y, por tanto, no han podido contar con una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como con una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados (menas) o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI.

Amnistía se ha sumado a la denuncia hecha por el Defensor del Pueblo en la que recordaba que es necesario que los procedimientos se lleven a cabo con las debidas garantías para evitar «comportamientos de la Administración inmunes al control judicial».

La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio «plantea serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas», ha asegurado Amnistía. Además, ha considerado que en virtud del Acuerdo por el que se han efectuado las expulsiones, estas personas deberán ser enviadas a su estado de origen o al estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí.

Esta práctica, ha asegurado Beltrán, conlleva el riesgo de que estas personas, por tanto, «sean expulsadas de manera ilegal, vulnerándose así el principio de no devolución» previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Ley de Extranjería, «por el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Marruecos, países de origen, o en los países donde hubieran comenzado su viaje».

Por todo ello, AI ha instado de nuevo al Gobierno español a «detener inmediatamente» la práctica de expulsar de manera express a Marruecos a personas de terceros países y a suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

CEAR muestra su preocupación

por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera que este cambio de políticas pone en marcha “procedimientos acelerados” en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. Asimismo, recuerda que a día de hoy no es posible llegar a España mediante vías legales y seguras, como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, consulados o acceso a la oficina de asilo en Ceuta.

La organización también señala el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, CEAR cree que esta presión de las autoridades marroquíes impide que permanezcan en este país por lo que precipitan su decisión de cruzar la frontera.

“Este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR.