La Eurocámara, a favor de imponer una sanción histórica a Hungría

El pleno del Parlamento Europeo ha recomendado este miércoles a los Veintiocho aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho, una decisión que Budapest ha calificado ya de «fraude». Ese artículo contempla sanciones para el Estado miembro concernido, incluida la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la UE, informa Efe.  Es la primera vez que la Eurocámara acepta poner en marcha este proceso, si bien la Comisión Europea ya aprobó en diciembre del año pasado aplicar el artículo 7 a Polonia para actuar contra las reformas judiciales de Varsovia.

Durante los últimos años, la negativa del Gobierno húngaro a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, y la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que pone obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, han generado el rechazo de Bruselas. Este miércoles, la Eurocámara también ha hecho referencia a su preocupación por la independencia judicial, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.

La recomendación de poner en marcha el artículo 7 ha salido adelante en el pleno de la Eurocámara por 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones. La iniciativa requería la mayoría absoluta de la cámara (376 de los 751 miembros del Parlamento) y también dos tercios de todos los votos positivos o negativos emitidos este miércoles (solo 693 de los 751 parlamentarios estuvieron presentes en la votación de este miércoles), sin tener en cuenta las abstenciones.

Durante el debate parlamentario del martes, en el que estuvo presente el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se escenificó la tensión entre el mandatario magiar y Manfred Weber, el líder de su grupo político en la Eurocámara, el partido popular europeo (PPE). Orbán fue aplaudido por las fuerzas euroescépticas al dejar claro que no piensa tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo sobre la salud de su democracia, al tiempo que Weber animaba a los líderes a tomar una decisión sobre la deriva del Gobierno de Orbán en el Consejo Europeo. El primer ministro, del partido nacionalista Fidesz, acusó a los eurodiputados de pretender «acallar» al pueblo húngaro y querer «dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene». Weber recalcó que se deben atender los valores europeos «en todas las ocasiones y en todas las familias políticas». En una comparecencia tras una reunión del PPE el martes, el político alemán, en la carrera para presidir la Comisión Europea, anunció que los eurodiputados de esa formación tendrían libertad de voto, pero que él votaría a favor de recomendar la aplicación del artículo 7 a Hungría.

Desde Hungría, el ministro magiar de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ha calificado de «fraude» la votación por no haberse considerado las abstenciones «contrariamente a lo estipulado en los tratados de la Unión Europea». Además, el jefe de la diplomacia húngara interpretó que el informe aprobado por los eurodiputados es una condena de «partidarios de la inmigración» contra la población y el Gobierno húngaro por haber «dicho que la inmigración se puede parar». El político incluso ha anunciado que su país examinará la posibilidad de dar «pasos legales» contra la decisión de la Eurocámara.

El caso queda ahora en manos de los países europeos, que, tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar la posición de Hungría, votarán si constatan «la existencia de un riesgo claro de violación grave» del Estado de Derecho. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los Estados miembros sin contar el país aludido, es decir, 22 de 27 socios. Los países también pueden optar por hacer recomendaciones a Hungría destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea y, como último castigo, retirar a Budapest su derecho a voto en las decisiones a nivel europeo, para lo que haría falta la unanimidad del resto de los Estados miembros.