El Gobierno cifra en mil millones el coste de suspender el impuesto de generación eléctrica

El Gobierno calcula que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros al año para el erario público, cifra que se verá compensada en parte por los mayores ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión, cuyo precio ha subido notablemente.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha cuantificado el impacto de la medida en la recaudación fiscal, ha advertido de que su departamento estará «muy vigilante» para garantizar que la suspensión del impuesto repercuta en la factura. Sin embargo, los Técnicos de Hacienda (Gestha) elevan la cifra a 1.500 millones al año.

Según sus datos, al final de este año se habrán recaudado más de 8.500 millones a través del impuesto a la generación, desde los 1.260 millones que se ingresaron en 2013, el primer año de su aplicación, hasta los 1.533 millones presupuestados para 2018. En este período, el año en el que menos se recaudó fue 2016, con 1.240 millones de euros, y el que más, 2015, con 1.593 millones, siempre según los cálculos de Gestha, que se basa en los datos de ejecución presupuestaria y en las leyes de presupuestos.

El impuesto se creó a través de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que estableció tres nuevos impuestos, entre ellos el que grava a nivel estatal el valor de la producción de la energía eléctrica.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno suspenderá este impuesto para dejarlo a un tipo «prácticamente cero». Según sus cálculos, la supresión del impuesto supondrá una rebaja de entre el 2,5% y el 4% en la factura de un consumidor particular, y de entre el 5% y el 5,5% en la de un gran consumidor industrial.

Ribera ha adelantado este jueves, en Valladolid, que el Gobierno compensará los ingresos tributarios con los mayores ingresos por la asignación de derechos de emisión y a través de los presupuestos del Estado.

Reacciones a la medida

En el capítulo de reacciones, las organizaciones de consumidores han señalado que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica es una solución coyuntural y un «parche» para remediar la subida puntual de la luz, y han pedido que se revise todo el sistema.

El portavoz de la OCU, Enrique García, ha puesto en duda que la suspensión del impuesto vaya a repercutir en los consumidores. «Llama mucho la atención que la primera medida que se tome para abaratar el precio de la luz sea quitarle un impuesto a las empresas. Tendremos que ver si en los próximos días esa bajada se traslada íntegramente a los precios de la electricidad», ha advertido.

Facua considera que la medida es «una tomadura de pelo», ya que la subida de la luz en septiembre superará por sí sola esta rebaja. Según su portavoz, Rubén Sánchez, el descuento en el recibo «representará poco más que el precio de un café».

Para el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, estas medidas son «un gesto importante», aunque, en su opinión, el Gobierno debe ir más allá. Desde el sector energético, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha calificado la medida de oportuna, aunque ha dicho que debe ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico. Según la AEE, la suspensión del impuesto tendrá un efecto inmediato en la reducción de la factura eléctrica.

Desde el ámbito político, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha reclamado al Gobierno que «empiece a tocar la factura de la luz» para garantizar el acceso al suministro eléctrico y que deje a un lado los intereses de las compañías eléctricas.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha afirmado que «la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés». Por su parte, Izquierda Unida ha señalado, en un comunicado, que el efecto de la suspensión del impuesto eléctrico será «muy limitado».