La Abogacía del Estado se desmarca de la Fiscalía y no acusará de rebelión a los líderes del procés

La Abogacía del Estado se aleja de la Fiscalía General del Estado y sólo acusará a los líderes del procés de sedición y malversación, y no de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes. Las penas por delito de sedición, aunque elevadas, son siempre inferiores a las de la rebelión.

Así lo ha avanzado el diario El País, que asegura que este viernes la Abogacía del Estado entregará mañana en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean suceptibles de un delito de rebelión.

La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición, informa Efe.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.

Según el Código Penal, cometen delito de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Y añade que «los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad».

Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros», lo que se supere holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones de euros la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.