La Eurocámara aprueba la polémica reforma de derechos de autor
«Por primera vez, Europa tiene reglas comunes claras», se ha felicitado el vicepresidente de la Comisión
La Eurocámara ha aprobado este martes la polémica reforma europea de derechos de autor, una medida debatida bajo una fuerte presión de sus partidarios, como medios y artistas, y detractores, como los gigantes de internet y los partidarios de un internet libre. Por 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, los eurodiputados han aprobado en Estrasburgo una reforma que busca adaptar a la era digital la legislación adoptada en 2001, una época en la que la plataforma de vídeos YouTube todavía no existía.
«Por primera vez, Europa tiene reglas comunes claras», se ha felicitado el vicepresidente de la Comisión, Andrus Ansip, quien, en respuesta a los temores sobre la libertad en internet, ha destacado que la futura directiva cuenta con «garantías claras sobre la libertad de expresión». La adopción de una especie de censura en la red era de hecho uno de los temores de los opositores a la reforma, como la eurodiputada del Partido Pirata, la alemana Julia Reda, para quien este martes representa una «jornada negra para la libertad en internet». El ponente del texto, el diputado democristiano alemán Axel Voss, defendió durante el debate previo que la reforma, planteada por la Comisión Europea en septiembre de 2016, lograba un «equilibrio entre los derechos de autor y la libertad de opinión».
Hasta el último minuto, los eurodiputados se han visto sometidos a una fuerte campaña de presión a menos de un mes de que la Eurocámara suspenda sus sesiones hasta julio por las elecciones europeas previstas del 23 al 26 de mayo. Por la mañana, un grupo de músicos acogió a los eurodiputados a su llegada al hemiciclo, instándolos a votar «sí» a la reforma para tener «un internet que sea justo y duradero para todos». Para sus partidarios, como el DJ francés David Guetta, su «objetivo es permitir que la prensa y los artistas perciban una parte de los ingresos generados por la difusión de (…) sus obras en internet». En una tribuna en el diario francés JDD, los partidarios de la reforma reclamaron el domingo que los «gigantes estadounidenses convertidos en ogros» retribuyan de manera más justa a artistas y editores con los ingresos publicitarios que obtienen por sus obras.
Frente a ellos se encuentran los gigantes de la Silicon Valley estadounidense, como Google o Facebook, así como los partidarios de un internet libre, que temen restricciones en estos canales de difusión. El sábado, Europa registró manifestaciones convocadas por Save the internet, un colectivo que se moviliza desde hace meses para defender «el libre intercambio de opiniones en internet».
Filtrado
Dos artículos centran la oposición de la reforma. Uno de ellos es el 13, que busca reforzar la posición negociadora de los creadores y de los titulares de derechos frente a plataformas como YouTube, que utilizan sus contenidos. Este punto responsabiliza jurídicamente a las plataformas de los contenidos que difunden, forzándolas a garantizar que estos respetan los derechos de autor. Una de las opciones para garantizarlo es el uso de filtros automáticos para identificar el contenido, algo que para los partidarios de internet podría abrir la puerta a una forma de censura. Para la Organización Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), esos filtros «no distinguen entre el contenido que infringe los derechos de autor y el contenido que lo respeta (por ejemplo, las caricaturas y las parodias)».
El otro artículo polémico es el 11 que crea un «derecho afín» o «derecho conexo» de los derechos de autor, que permitiría a editores de prensa, como la agencia AFP, obtener una mayor remuneración por el uso de su producción por los agregadores de noticias, como Google News, o en redes sociales. «La directiva, si se transpone correctamente, puede ayudar a mantener un periodismo sobre el terreno que demuestre que sigue siendo la mejor manera de luchar contra la desinformación», aseguró el presidente de AFP, Fabrice Fries.
Los países europeos, que ahora deben dar su aval definitivo al texto que había sido negociado con la Eurocámara, tendrán dos años para transponerla a su legislación nacional tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. La nueva legislación debería entrar en vigor en 2021.
