La Guardia Civil entra en la Generalitat en busca de documentos clave del 1-O
Los expedientes que solicita la juez son claves para demostrar el uso de fondos públicos para financiar el referéndum
Una unidad de la Guardia Civil ha acudido esta mañana a la sede de la Generalitat catalana en busca de expedientes administrativos relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Lo ha hecho por orden de la juez que investiga los preparativos del mismo, quien emitió la orden de requerir toda la documentación relativa al 1-O en los departamentos de Acción Exterior, Trabajo y Presidencia, así como en las oficinas de la Intervención General de la Generalitat y en el gabinete jurídico central, tal y como ha adelantado la agencia Efe.
El nuevo requerimiento de información lo acordó la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por orden de la Fiscalía, en el marco de la causa en la que ha procesado a una treintena de personas, entre ellas numerosos exaltos cargos del Gobierno de Carles Puigdemont, por su papel en la organización del 1-O.
La juez ordenó a los agentes acudir a las sedes de la Generalitat citadas de forma que, «en el acto», se les facilite la información requerida, en su mayoría expedientes administrativos con los que la Fiscalía pretende demostrar el uso de fondos públicos para financiar el referéndum.
Concretamente, la Guardia Civil tiene orden de requerir al Departamento de Presidencia siete expedientes relativos a la contratación de la publicidad del Registro de Catalanes en el exterior y del anuncio del 1-O, así como de la distribución postal encargada a Unipost y de la adjudicación de los proyectos de reforma del CTTI, centro que albergó la logística informática del referéndum.
En el Departamento de Acción Exterior, la Guardia Civil busca las facturas de los pagos de la delegación del Govern en Ginebra a The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la juez sospecha corresponde a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O.
Los agentes deben acudir también al Departamento de Trabajo para pedir un expediente administrativo relacionado con una aplicación informática que las acusaciones creen que se creó para recabar voluntarios para el 1-O. En la Intervención General de la Generalitat, la juez quiere hacerse con la certificación de una factura del Departamento de Trabajo a nombre de Pau Raventós, ex director general de la empresa Unipost a la que presuntamente se encargó la distribución postal del referéndum.
Asimismo, en el Gabinete Jurídico Central, la Guardia Civil debe hacerse con la copia certificada de sendas resoluciones firmadas por el exsecretario de Presidencia Josep Maria Jové con los nombramientos de los responsables del Registro de Participación en Consultas Populares.
