Nuevo aviso del Constitucional a Torrent del riesgo penal de la desobediencia
Es la tercera vez en menos de un mes que el TC apercibe a Torrent de la posibilidad de estar cometiendo un delito
El Tribunal Constitucional ha lanzado un nuevo aviso al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia si ignora o elude sus resoluciones, si bien ha rechazado deducir testimonio contra ellos, informan a Efe fuentes jurídicas. Es la tercera vez en menos de un mes que el TC apercibe a Torrent de la posibilidad de estar cometiendo un delito y en esta ocasión lo hace al admitir a trámite tres incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre.
En la primera resolución, que admitía a trámite una propuesta de resolución de respuesta de la sentencia del procés se reiteraba la defensa del derecho de autodeterminación, la soberanía del pueblo catalán y la reprobación del rey. En la segunda, se rechazaban las solicitudes de reconsideración de los grupos del PSC, Ciudadanos y PP. El TC ha suspendido a petición del Gobierno un inciso de las resoluciones, en el que se recogía la voluntad de reiterar «tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
El Ejecutivo también pidió al Constitucional que se dirigiese a la fiscalía en el caso de considerar que los miembros de la Mesa podían incurrir en un delito, si bien el TC ha rechazado por el momento acceder a esta petición. Lo que sí hace es advertir personalmente al presidente de la cámara catalana, al secretario general, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado. En varias providencias, les avisa de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.
El Ejecutivo acudió al Constitucional al considerar que la propuesta de resolución admitida por la Mesa volvía a incidir en el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y «la pretendida soberanía del pueblo catalán», aspectos que ya han sido declarados inconstitucionales, y sobre los que Torrent y Torra ya han sido apercibidos recientemente. El Gobierno considera que Torrent y el resto de cargos apercibidos «tenían pleno conocimiento» de que con la admisión y el rechazo de hasta tres solicitudes de reconsideración, «se estaban incumpliendo resoluciones» del TC, que en los próximos meses deberá estudiar los incidentes para pronunciarse sobre el fondo.