La Justicia europea descarta la extradición automática de Valtonyc

Bélgica, que debe pronunciarse sobre la entrega a España de Valtonyc —el rapero condenado por apología del terrorismo—, debe valorar el código penal vigente cuando ocurrieron los hechos, ha fallado este martes la Justicia europea. Se trata de una decisión que podría complicar su extradición.  Valtonyc, nombre artístico de José Miguel Arenas Beltrán, fue condenado en 2017 a dos años de prisión por enaltecimiento de ETA, a un año por injurias al rey y a seis meses por amenazas en canciones suyas de 2012 y 2013.

Antes de entrar en prisión en mayo de 2018, el músico se marchó a Bélgica. La Justicia española emitió entonces una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra él en la que optó por la vía rápida para conseguir su extradición. España marcó así la casilla de «terrorismo» en la lista de los delitos reconocidos por los 27 países de la UE, pero, para poder hacerlo por esta vía, el delito debía estar castigado con una pena de al menos tres años de prisión.

Esa era la condena máxima vigente en el momento de la demanda de extradición, pero no en el Código Penal vigente en el momento en que se cometieron los hechos y por el que se condenó a Valtonyc a dos años de prisión por apología del terrorismo. Ante las dudas sobre qué Código Penal tener en cuenta, la Justicia belga preguntó al alto tribunal europeo. «Los tribunales deben tener en cuenta la duración de la pena prevista por la ley española aplicable a los hechos cometidos», ha indicado este martes. El TJUE descarta así la vía rápida para el caso de Valtonyc, por lo que el tribunal de apelación de Gante (noroeste de Bélgica) podrá entrar directamente a valorar si los hechos por los que se condenó al músico son también delito en Bélgica.

El abogado belga del músico, Simon Bekaert, ha celebrado este martes en Twitter «una victoria provisional una vez más en el caso Valtonyc y un paso más hacia la no extradición», tras una primera decisión favorable de la Justicia belga en septiembre de 2018. El tribunal de primera instancia de Gante rechazó entonces ejecutar la euroorden cursada por España al considerar que los hechos por los que fue condenado no eran delito en Bélgica y que se enmarcaban dentro de la libertad de expresión.