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Las cárceles proponen la semilibertad para los líderes presos del procés

Las cárceles proponen la semilibertad para los líderes presos del procés
EMILIO MORENATTI|AP Photo

Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses han propuesto, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en principio solo tendrían que regresar al centro penitenciario a dormir.

Lo más importante: los nueve presos del procés, que cumplen penas de nueve a 13 años por un delito de sedición y algunos de ellos también de malversación tras los acontecimientos de octubre de 2017, pasarán a tener un régimen de semilibertad si se acepta este nuevo régimen. 

Según ha explicado en una rueda de prensa el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, las cárceles han revisado la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas presos, que desde el pasado mes de enero están en segundo grado, aunque flexibilizado con el artículo 100.2, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.

Con la propuesta de las juntas de tratamiento, que en un plazo máximo de dos meses debe ser ratificada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para hacerse efectiva, los presos del procés tendrían que ir únicamente a dormir a la cárcel, de lunes a viernes, y pasarían el fin de semana en sus casas. De hacerse efectivo, los nueve internos podrán pernoctar en centros penitenciarios abiertos,  las llamadas unidades de dependientes —viviendas compartidas para presos en semilibertad bajo supervisión— o incluso a su casa, si se les aplicara en un futuro el artículo 86.4 del reglamento penitenciario que se utilizó para excarcelar reclusos durante la pandemia.

Los reclusos podrán acceder a la libertad en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía —que hasta ahora se ha opuesto a todas las flexibilizaciones penitenciarias de los presos— ante el juzgado de vigilancia y, a diferencia del 100.2., la última palabra la tendría el Supremo, como tribunal sentenciador.

Calderó ha mantenido que la cárcel «no es espacio ni para el castigo ni para la venganza, sino un ámbito de rehabilitación», un principio reconocido en el Estatut y la Constitución que, en su opinión, debe tener en cuenta «todo el mundo, incluso los que blanden la Carta Magna cada día».

Ante las tentaciones de atacar las decisiones de los funcionarios de las cárceles, Calderó ha alertado de que la ejecución de la sentencia del «procés no está sobre la mesa de ningún conseller ni presidente» de la Generalitat, porque si dependiera del Govern «nunca habrían estado en la cárcel».

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