La Fiscalía del Tribunal Supremo considera necesario extender más la investigación del caso Dina antes de adoptar una postura definitiva sobre si se debe abrir o no causa penal al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en esta pieza separada de Tándem, donde se investiga el robo y la difusión de datos del móvil de la ex asistente de Podemos Dina Bousselham.
Fuentes fiscales han informado de que esta es la posición que los ocho fiscales de Sala han acordado en el informe que ultima la fiscal Pilar Fernández para remitir a la Sala de lo Penal del alto tribunal, que deberá tomar la decisión.
Los fiscales creen preciso devolver el procedimiento al juez Manuel García Castellón porque entienden que el instructor se precipitó al enviar la exposición razonada al Supremo pues, en su opinión, la investigación no se cerró y existen asuntos que consideran se deben esclarecer antes de fijar una posición definitiva sobre el futuro procesal de Iglesias.
García Castellón se dirigió al Supremo dada la condición de aforado de Iglesias y pidió que se le investigase por los presuntos delitos de descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito.
El juez considera que Iglesias usó de forma fraudulenta el procedimiento judicial donde se investigaba el presunto robo de la tarjeta de móvil de Bousselham, para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.
En su escrito, califica de «consciente y planificada» su «actuación falsaria» y le acusa de fingir «ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales».
Según su tesis, bajo las instrucciones de Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en un digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».
El juez indica que Iglesias recibió la tarjeta en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, comprobó que tenía archivos de carácter muy íntimo y, «pese a ello», la guardó durante un tiempo «sin decírselo a su propietaria». Cuando se la devolvió, señaló, ésta ya estaba «inservible para su funcionamiento».
