La ministra de Educación, Isabel Celaá ha afirmado que las lenguas cooficiales «son riqueza cultural» y «merecen todo el respaldo y reconocimiento» y ha observado «razones políticas y no pedagógicas ni lingüísticas» en el recelo que despierta la inmersión lingüística.
En una entrevista, la ministra ha criticado que «las mismas personas que tildan la inmersión de no conveniente no objetan cuando se lleva a un alumno al colegio inglés, francés o alemán», donde también usan la inmersión.
Según un acuerdo entre ERC, Unidas Podemos y PSOE, y que han rechazado PP y C’s, la propuesta de reforma educativa de la Lomloe no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como que es lengua oficial del estado.
Sobre la enmienda transaccional aprobada la semana pasada, la ministra ha señalado que la política lingüística tiene que compensar en zonas con cooficialidad lingüística.
Celaá ha aclarado que la enmienda dice que «los alumnos deben llegar al pleno dominio de las lenguas entre el castellano y las lenguas del territorio» y ha recordado que el «40 % de los españoles viven en comunidades con lengua propia».
Sobre al recogida de firmas que ha iniciado el PP contra la ley de educación, la ministra se ha preguntado «cómo podemos utilizar la educación para la diatriba política».
Isabel Celaá se ha lamentado de que «volvamos al pasado de esta manera», ya que desde el Gobierno «estamos impulsando un proyecto de ley progresista, que mejora la financiación y las metodologías de enseñanza través de la digitalización» y que «trata de hacer una enseñanza personalizada para todos los alumnos».
Sobre el promedio de cinco años de vigencia para cada nueva ley educativa, Celaá ha observado que la Lomce «lleva 7 años en vigor» y «ofrece una escuela para sociedad que ya no existe».
Antes de la pandemia «ya hablamos de cambios disruptivos en educación» y ahora la pandemia «ha levantado el velo y nos ha mostrado las debilidades del sistema», ha afirmado la ministra.
Celaá se ha lamentado de que «haya dos fuerzas políticas que no hayan querido entrar en el debate» de elaboración de la propuesta de ley, en alusión al PP y a Ciudadanos, cuando «a nosotros nos hubiera gustado que todos entrasen a debatir».
