El procés vuelve a los tribunales en 2021
El conflicto catalán llegará este año al seno del Parlamento Europeo
El «procés» y sus cuentas pendientes en los tribunales marcarán, otro año más, la actualidad jurídica de 2021 en Cataluña, con todas las miradas puestas sobre los indultos a los líderes independentistas y una agenda judicial presta a sentar en el banquillo a la familia Pujol y a la trama del 3%.
Lastrada por los meses de parón que impuso la pandemia, que ha abocado a los juzgados al borde del colapso, la Justicia se despide de un 2020 que consumó la inhabilitación del expresidente catalán Quim Torra y la de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell, mientras propiciaba la restitución del mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos, una vez absuelto de sedición por su papel en el 1-O.
En ese contexto, el debate político del año próximo, tanto en Cataluña como en España, estará condicionado por los expedientes de indulto a los presos del «procés», que el Gobierno debe resolver en los próximos meses -aunque difícilmente antes de las elecciones catalanas del 14F-, con la más que probable oposición del Tribunal Supremo a esa medida de gracia.
No menos controversia suscitan la reforma del delito de sedición o la ley de «amnistía» que reclama el independentismo, discusiones que discurrirán en paralelo a la nueva clasificación de los políticos presos por parte del Departamento de Justicia, después de que el Supremo les haya cerrado la puerta tanto al tercer grado como a la flexibilización penitenciaria mediante el 100.2.
Mientras tanto, la sentencia del «procés» está en manos del Tribunal Constitucional, que en las próximas semanas tiene previsto empezar a resolver los recursos de amparo presentados por los condenados -los de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs serán los primeros-, y despejarles así el camino hacia la Justicia europea.
El conflicto catalán llegará este año al seno del Parlamento Europeo, que tiene previsto reactivar en enero la tramitación del suplicatorio para levantar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, como le solicitó el Supremo para forzar su entrega a España.
Las derivas judiciales del «procés» acechan asimismo a dirigentes de ERC: la Fiscalía ultima una investigación por desobediencia que podría desembocar en breve en una querella al presidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la aprobación de resoluciones a favor de la autodeterminación, y los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó aguardan juicio tras ser procesados por su papel clave en la organización del 1-O.
De hecho, tres años después del referéndum ilegal, las responsabilidades por el diseño y la logística del 1-O siguen dirimiéndose en los tribunales, con una treintena de cargos del Govern de Puigdemont ya procesados -entre ellos directivos de medios públicos catalanes y técnicos de la Generalitat- y una quincena de alcaldes ante la Justicia, incluido el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, juzgado en diciembre y que ya espera sentencia.
También están a un paso del banquillo los cinco miembros de la efímera Sindicatura Electoral del 1-O y, al otro lado de la moneda, encara su recta final la investigación contra cerca de 60 policías nacionales por las cargas para impedir el referéndum en Barcelona.
Por otra parte, las movilizaciones contra la sentencia del «procés», que se saldaron con días de disturbios sin apenas precedentes en Cataluña, llevarán a juicio a numerosos manifestantes independentistas, a los que el Departamento de Interior ha prometido no acusar de atentado a la autoridad ni desórdenes, en un anuncio que sigue sin ponerse en práctica pero que ya ha indignado a los sindicatos policiales.
La Audiencia Nacional seguirá enfrascada en 2021 en el juicio contra los supervivientes de la célula que planeó los atentados del 17A en Cataluña, mientras tiene pendiente resolver los recursos de las defensas contra el procesamiento de la familia Pujol y de la red de empresarios y políticos investigados en el caso 3 % de presunta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
De confirmarse el procesamiento, dos de las principales tramas de supuesta corrupción que han removido los pilares de la política catalana en los últimos años quedarán a las puertas de la sala de vistas, tan solo a la espera de que la agenda de la Audiencia Nacional permita llevar a sus miembros al banquillo.
