La Comisión Europea ha advertido que los gobiernos tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones económicas
La Comisión Europea (CE) exigirá a España reformas concretas y detalles sobre los objetivos y el calendario para acometerlas para acceder a los más de 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación europeo tras la pandemia del COVID-19.
Bruselas, que ya negocia con España y otros países los borradores de sus planes de recuperación, ha advertido esta semana de que los gobiernos tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones económicas que les hizo los últimos años y sobre el calendario de las medidas que prevén implementar.
«El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de las reformas en los planes nacionales para garantizar que las reformas e inversiones tienen los detalles necesarios sobre el calendario, objetivos y metas», explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El Gobierno español fue uno de los primeros en enviar a Bruselas el borrador de las aproximadamente 170 medidas que prevé acometer, incluidas la reforma de las pensiones y la laboral, y ahora tendrá que afinarlas con la Comisión para elaborar un plan definitivo que pueda recibir el visto bueno de esta institución y, después, del Consejo (los países miembros).
Las discusiones van «por buen camino«, pero aún faltan «días y semanas» de trabajo, según Gentiloni, quien ya se ha reunido con varios ministros españoles en las últimas semanas.
De cumplir con lo pactado dependerá el desembolso de los 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido que le corresponden a España, que también podrá solicitar cerca de 85.000 millones en préstamos.
Ayudas con condiciones
La regulación del fondo, consensuada en diciembre por los Estados y la Eurocámara, exige que los planes de recuperación incluyan reformas e inversiones que potencien el crecimiento y la creación de empleo y se centren en prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital, a las que deben destinar el 37 % y 20 % del dinero, respectivamente.
Las medidas deberán servir para abordar «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea hizo en 2019 y 2020 a los países, incluidas las relativas al control del déficit y la deuda.
Estas últimas solo empezarán a vigilarse una vez se reactiven las normas europeas de disciplina fiscal, como pronto en 2022, pero si un país se las salta podría ver congelado hasta el 25 % del dinero comprometido.
Para España las directrices de los dos últimos años piden, además de combatir la pandemia, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, mejorar los sistemas de apoyo al empleo, de ayudas a las familias y los regímenes autonómicos de renta mínima, invertir en innovación y eficiencia energética, mejorar la coordinación entre administraciones o aplicar la ley de unidad de mercado, entre otras.
Con el fondo de recuperación, Bruselas tiene por primera vez una herramienta, en forma de miles de millones de euros, para hacer cumplir unas recomendaciones que los países tienden a postergar. Bruselas no dictará cómo ponerlas en práctica, pero negociará la letra pequeña para cerciorarse de que las propuestas pasan el filtro.
Margen de negociación
«Más que si hay que hacer reformas, que todo el mundo está de acuerdo en que sí, es qué reformas y con qué objetivos», dijo a Efe la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, que dirigió la negociación de la regulación del fondo por parte de la Eurocámara.
Las normas, explicó, dejan «margen» para la negociación con los gobiernos puesto que fijan unos «criterios generales» – más estrictos en clima y digitalización al exigir un porcentaje de gasto-, pero «no entra en qué proyectos son, sino en cómo se tienen que evaluar».
«Hay que ser consciente de que los gobiernos tienen su color político y sus propuestas para solucionar los problemas y hay que ser razonables en ese sentido con las propuestas de los gobiernos. La Comisión no puede imponer nada», añadió.
La regulación, consideró, deja «bastante flexibilidad» sobre si hay que cumplir todas o solo parte de las recomendaciones, con lo que la Comisión «va a ver el conjunto y la coherencia de los planes teniendo en cuenta la situación de los países». El borrador español, a su juicio, es «completísimo».
El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, sin embargo, ve difícil que la Comisión y el Consejo puedan dar luz verde al plan español sin una «propuesta seria» en materia de pensiones.
Para pasar el examen de Bruselas, subraya, los planes tienen que recibir la nota máxima (A) en el cumplimiento de las recomendaciones económicas.
«Creo que no se puede hacer una evaluación de que España está haciendo significativamente las recomendaciones del Semestre Europeo si se salta la más importante, que es conseguir que las pensiones sean sostenibles», dijo a Efe el eurodiputado, que también participó en la negociación.
Aunque ahora hay consenso en gastar lo que haga falta y el control del déficit y la deuda están suspendidos, las recomendaciones llaman a la sostenibilidad fiscal a medio plazo y ahí «la única duda real de solvencia en España tiene que ver con las pensiones«, dice.
Mientras no se reactiven las normas fiscales, el «esfuerzo» que pedirá Bruselas será en materia laboral y de pensiones puesto que el resto sería «relativamente fácil» de cumplir, anticipa.
Pago solo tras cumplir
Además del contenido, la Comisión pactará con los países los objetivos cuantitativos y cualitativos que persiguen sus medidas y el calendario previsto para lograrlos, de modo que el dinero solo se pagará si se comprueba que han cumplido. De ahí que Bruselas pida detalles para evitar problemas llegado el momento del desembolso.
Aunque la Comisión hará un «seguimiento continuo» de la implementación de los planes, los pagos solo se efectuarán dos veces al año para que los Gobiernos no tengan que remitir continuamente facturas, sino que cada seis meses se reembolse todo lo que hayan certificado, explicó Gardiazábal.
La regulación prevé que, una vez que Bruselas certifique que cumplen, los gobiernos tengan que enviar bianualmente esta solicitud de pago justificada.
«El sistema de solo dar dinero cuando se va cumpliendo, en lugar de darlo y luego exigir que se devuelva, lo cambia todo», considera Garicano, para quien esto será clave a la hora de garantizar que los Estados destinan las ayudas a los fines previstos.
