El escrito que ha llegado a la Fiscalía pide que se investigue la vacunación del anterior consejero de Salud, Manuel Villegas y de 400 trabajadores de la que era su Consejería, contra el Covid-19
La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto diligencias para investigar si la vacunación irregular del exconsejero de Salud junto con altos cargos y funcionarios de su cartera entraña alguna ilegalidad.
La investigación del fiscal atiende a las denuncias que, tanto PSOE como Podemos, anunciaron la semana pasada. En concreto, el escrito que los socialistas han hecho llegar al fiscal le pide que investigue la vacunación del anterior consejero de Salud, Manuel Villegas -quien dimitió tras la polémica suscitada en torno a este asunto-, y de 400 trabajadores de la que era su Consejería, contra la Covid-19, saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad «por si pudiera constituir algún tipo de delito».
El portavoz y vicesecretario general del PSOE-PSRM, Francisco Lucas, señaló el día que anunciaron que presentaría la denuncia que la autorización por parte del Gobierno regional para la administrar la vacuna a personal al que todavía no le tocaba, «supone una falta de respeto imperdonable hacia la ciudadanía de la Región». Podemos también presentó en el Ministerio Público una denuncia para “llegar al fondo del escándalo de las vacunas”. La portavoz regional del partido, María Marín, indicó que los casos conocidos hasta el momento no constituyen “sólo un error humano o una conducta poco ética”, sino que además “se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política”.
Por lo que, señala es escrito del PSOE, «por parte de la Consejería de Salud se han saltado arbitrariamente, de una manera injusta y grosera lo establecido en el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad y por la propia Consejería de Salud del Gobierno Regional. No se conoce, además, ningún tipo de resorte legal o técnico en los que esta decisión haya sido amparada».
Los socialistas defienden que se trata de «trato de favor con el personal no asistencial de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud», ya que «se crea una situación de privilegio con estos trabajadores, altos cargos y el propio consejero que quizá no puede pasar desapercibido para la justicia».
Pide que se depuren responsabilidades, porque entienden que «se tuvo que dar orden clara y directa de que se suministrara la vacuna al personal no asistencial de la consejería, lo que podría conllevar la posible comisión de un delito de prevaricación o un delito de malversación de caudales públicos al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella según los protocolos establecidos».
