El Parlamento portugués ha aprobado este viernes una ley que autoriza «la muerte medicalmente asistida», lo que convertirá a este país católico en el cuarto de Europa que legaliza la eutanasia, tras Bélgica, Luxemburgo y Holanda, una vez entre en vigor. El proceso comenzó a plantearse hace un año en la cámara y ha salido adelante a pesar de la polémica que ha girado en torno a su legalización.
En contexto: en diciembre de 2020 se votó que sí a la eutanasia en el Congreso de España y, mientras continúa la espera de que el Senado la apruebe de manera definitiva en febrero, la incorporación de Portugal al bloque de países europeos que dan el paso a la muerte asistida parece reafirmar la inexorable marcha hacia esta realidad.
Durante un año en el aire, el proyecto de ley ya había pasado por cinco propuestas presentadas por el gobernante del Partido Socialista, el marxista Bloco de Esquerda, la fuerza animalista PAN y la ecologista PEV, además de Iniciativa Liberal. El texto, que ha sido aprobado con 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, será presentado al presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que podrá promulgarlo, someterlo al análisis de la Corte Constitucional o vetarlo.
El Gobierno pretende, de este modo, acabar con las penas de entre uno y ocho años de cárcel que se aplican en Portugal a quienes ayuden a una persona a morir, dependiendo de cómo se tipifique: homicidio privilegiado, homicidio a petición de la víctima o crimen de incitación o auxilio al suicidio.
Algunos de los elementos básicos de la norma son la obligatoriedad de que el solicitante sea mayor de edad, sin problemas mentales, y estar en situación de sufrimiento «duradero e insoportable», con enfermedad o lesión incurable y fatal. En cualquier caso, la solicitud del enfermo para poner fin a su vida deberá ser validada y analizada por varios médicos, así como por un psiquiatra cuando haya dudas sobre la capacidad de la persona a hacer una elección «libre y consciente». Por otra parte, la muerte asistida podrá ser practicada en centros del servicio nacional de salud o en otro lugar «elegido por el paciente» siempre y cuando disponga de «condiciones clínicas y confort adecuados», precisa la ley.
La eventual despenalización de la eutanasia ha sido un asunto controvertido en Portugal, donde el debate comenzó con un 43% que se mostraba a favor de legalizarla, frente a un 28% que se oponía y un 22% que no tenía una opinión consolidada al respecto. En este sentido, el tema ha ido siempre de la mano con movimientos sociales de oposición a su consentimiento y la firme oposición de varias organizaciones católicas que, por el momento, no han conseguido frenarla.
