China ha sancionado a diez personas, entre ellos cinco miembros del Parlamento Europeo, como represalia por las sanciones que la Unión Europea (UE) ha impuesto este lunes a Pekín por los supuestos abusos de derechos humanos en el trato a los uigures en la región autónoma de Xinjian.
Los detalles: según un comunicado del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, «China se opone firmemente y condena las sanciones de la Unión Europea», a la que acusa de «difundir mentiras» y de «dañar gravemente» su soberanía, y avisa de que «si la UE no corrige su error, habrá más medidas». Entre los sancionados, que no podrán entrar en el país asiático, se encuentran los europarlamentarios alemanes Reinhard Bütikofer y Michael Gahler, el francés Raphaël Glucksmann, el búlgaro Ilhan Kyuchuk y la eslovaca Miriam Lexmann, además de otros políticos, investigadores y cuatro instituciones. Así, figuran también en la lista de sancionados los parlamentarios Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, de Países Bajos; el belga Samuel Cogolati y la lituana Dovile Sakaliene, así como el investigador alemán Adrian Zenz y el sueco Bjorn Jerden.
China ha reiterado en múltiples ocasiones que los informes sobre Xinjiang elaborados por Zenz son «absolutas falacias», y la semana pasada ya advirtió a la UE de que imponer sanciones al país asiático en base a sus afirmaciones tendría consecuencias.
Los informes del controvertido antropólogo -que asegura que en esa región noroccidental de China se somete a trabajos y esterilizaciones forzadas en centros e incluso se comete un genocidio- han sido publicados por varios medios occidentales y han servido como base para otros estudios recientes, como el publicado recientemente por el instituto Newlines, con sede en EEUU. Según los dirigentes regionales, entre la población de Xinjiang «es una opinión extendida que los centros han servido para la desradicalización y contra el terrorismo».
Por su parte, el propio Zenz ha criticado en su cuenta de la red social Twitter la decisión de China y destacado que el país asiático sanciona a diez personas y a cuatro instituciones mientras que la UE sólo había sancionado a cuatro funcionarios y una institución.
En cuanto a las instituciones, China ha sancionado al Comité Político y de Seguridad (COPS), al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, al Instituto Mercator para Estudios Chinos de Alemania y la Fundación Alianza para las Democracias de Dinamarca.
«Todos estos individuos y sus familias no podrán entrar en China, Hong Kong y Macao. Ellos y sus empresas o instituciones asociadas tendrán restringido hacer negocios con China», agrega la nota de la Cancillería china. «China urge hoy a la Unión Europea a que reflexione, afronte la gravedad de su error y lo corrija. Tiene que dejar de dar lecciones a otros en asuntos de derechos humanos y de interferir en sus asuntos internos», indica el comunicado, y avisa que, de lo contrario, tomará más medidas.