El Gobierno defiende la actual elección del CGPJ tras las críticas de Europa: "La independencia está garantizada"

Justicia urge a renovar a los actuales vocales, pero sigue sin afrontar la reforma en el proceso de elección que pide la Comisión Europea

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido hoy el actual modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las Cortes Generales, con el que la independencia está «garantizada», y ha urgido de nuevo a la renovación del actual cuyo mandato expiró hace casi dos años y medio.

Campo se ha pronunciado en estos términos en la conferencia coloquio «Justicia y Territorio» del programa «Foro SER Navarra» sobre la petición de la Comisión Europea a España de un cambio de modelo en la elección de los vocales de ese órgano para que los jueces elijan directamente a la mitad de ellos.

La Comisión aplaudió la decisión del Ejecutivo de retirar la propuesta de reforma legislativa para suprimir la mayoría reforzada que actualmente se exige en el Parlamento (tres quintos) para reducirla a mayoría absoluta y así salvar la negativa del PP a renovar el actual Consejo.

Esa decisión, ha dicho Campo, «estaba hablada» con Unidas Podemos, dado que, pese «al ruido que se puede exteriorizar», hay «un solo Gobierno».

En cuanto al sistema de elección de los miembros del CGPJ, ha considerado «legítima» la postura de los jueces que piden una elección directa, pero no que digan que el actual sistema «quiebra el estado de derecho ni que desmerece con los países del entorno», cuando se trata de un modelo que tiene el aval del Tribunal Constitucional.

Ha recordado el ministro que Europa también ha lanzado el mensaje de que «renueven el CGPJ» y ha argumentado que con el modelo actual -según el cual las Cortes eligen a los 12 vocales que corresponden a los jueces entre una lista de 50 propuesta por los propios jueces- «la independencia la tenemos garantizada».

«Europa nos dice que hay que renovar», ha insistido Campo, quien ha insistido en que el riesgo es el actual bloqueo de casi dos años y ha considerado un «error» interpretar como «un castigo» que se haya impedido que un Consejo con un mandato caducado pueda seguir haciendo nombramientos, cuando no es más que «una incentivación».

Esa ley «se ajusta perfectamente a los parámetros del estado de derecho», por lo que es «un mal ejercicio» hacer «un uso torticero de las palabras para confundir a la ciudadanía».