El Gobierno Vasco quiere que el 40% de los presos cumplan condena en régimen de semilibertad, incluidos los etarras

El Gobierno Vasco se marca como reto conseguir que el 40% de los presos cumplan condena en régimen de semilibertad, una vez que asuma la competencia de prisiones

El Gobierno Vasco se marca como reto conseguir que el 40% de los presos cumplan condena en régimen de semilibertad y hasta el 50% en el caso de las mujeres, una vez que el País Vasco asuma el 1 de octubre la competencia de prisiones.

Además, el asesor para Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo autonómico, Jaime Tapia, ha afirmado que no se pretende favorecer a los presos de ETA, en ningún caso, porque todos los reclusos «son iguales ante la Ley y a todos hay que aplicársele de igual manera».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Tapia ha señalado que, una vez que el País Vasco asuma el 1 de octubre la competencia de Prisiones, cuando se habla de ‘modelo penitenciario vasco’, se quiere significar que, con una serie de líneas de actuación y criterios, se va a «profundizar en medidas y decisiones que ya se estaban adoptando en este momento».

El que ha sido hasta ahora actual presidente de la Sección Penal de la Audiencia de Álava, ha destacado que, en los últimos dos años, «han entrado nuevos aires» en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con Juan Luis Ortiz.

«Lo que vamos a hacer es recoger todo esto que se está haciendo bien en los centros penitenciarios y en la ejecución penal, y vamos a profundizar. Vamos a observar, primero, cuáles son los déficit y problemas, aunque creemos que los tenemos identificados y abordarlos con otros operadores y entidades, Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, las personas del Tercer Sector y los propios funcionarios de Instituciones Penitenciarias», ha añadido.

Se trata de mantener «una sensibilidad diferente, no profundamente distinta, pero que sí hace que se pueda entender» como un «nuevo modelo». Además, ha destacado que tendrá una perspectiva victimológica, en la que las víctimas serán «consideradas en este proceso y no solo las personas que están privadas de libertad».

También ha apostado por una «idea comunitaria», de forma que la comunidad se dé cuenta de que los presos «no son seres extraterrestres, sino que son ciudadanos que viven en sus barrios, ciudades y pueblos, que han cometido errores, que tienen, obviamente, que cumplir unas penas, pero que tarde o temprano van a volver».

«Y la sociedad se debe responsabilizar. Si tenemos éxito entre todos, vamos a conseguir que esas personas, cuando salgan, tengan un trabajo, una actividad, y que reincidan menos. Eso va a ser beneficioso para todos», ha precisado.

Igualdad ante la ley

Su planteamiento es que «todos los presos y presas son iguales ante la Ley». «En el caso de personas que han sido condenadas por delitos terroristas, el Código Penal y, tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario, establecen unos requisitos, unas condiciones y, por otro lado, las sentencias condenatorias también establecen unas penas, unas veces con condiciones, etc», ha añadido.

Por ello, ha dicho que, una vez que se reciba la competencia, habrá que analizar el caso de cada recluso. «Hay que ver esas circunstancias de legislación y de sus propias sentencias, y abordarlas desde el principio 14 de la Constitución: todos somos iguales ante la Ley, y a todos se les debe aplicar la Ley de igual manera. Ese es el ‘leit motiv’ de una perspectiva socializadora y desde una perspectiva de la víctima y, por lo tanto, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es la idea clave que nos anima a todos en relación a estas personas», ha indicado.

Programas individualizados

Jaime Tapia ha manifestado que cada preso tendrá que seguir un programa individualizado de tratamiento, seguir una pautas, una serie de programas y actividades que se le proponen, y que son voluntarios. Hacerlos pueden tener su repercusión de los permisos y progresión de grados, y en su caso, cada medio año, hay que hacer una revisión de su situación, que está condicionada por la sentencia que se le haya impuesto y bajo supervisión judicial.

Asimismo, dentro del programa individualizado, hay una perspectiva restaurativa, de forma que se estudiará «cómo contempla la persona que ha cometido el delito, si lo reconoce», y cuál es su actitud respecto a la víctima, si admite que le ha causado un daño y está dispuesto a repararlo, con la satisfacción de la responsabilidad civil correspondiente.

«Esa asunción de la responsabilidad o ese acercamiento a la víctima, si ella quiere o, si no, con encuentros indirectos y una serie de medidas que hay dentro de la justicia restaurativa, hacen que esa persona cambie y se resocialice», ha apuntado. De esta forma, la posibilidad de reincidencia disminuye.

En todo caso, ha recordado que todo esto es voluntario y tampoco se tiene que tomar como el logro de un beneficio. En su opinión, «la idea es, a través de todas estas actividades y programas», llegar a «las causas y problemas que estas personas han tenido y que le han llevado a la comisión del delito».

«Si como consecuencia de todo este tratamiento voluntario, la persona va evolucionando, eso va a permitir que los técnicos del centro penitenciario, las juntas de tratamiento y, por último también, muchas instancias, el propio juez o el centro directivo, el Gobierno vasco en este caso, vean que esta persona tiene un pronóstico favorable de reinserción y, al final, esto hace que, en esta línea de favorecimiento de la reinserción o la reeducación, se le dé la oportunidad de salir de permiso o progresar a régimen de semilibertad», ha apuntado.

Régimen de semilibertad

Tapia ha explicado que el cumplimiento de un régimen de semilibertad no significa que esa persona esté en libertad, sino que «sigue cumpliendo ciertas obligaciones, deberes o condicionamientos». Además, permite conseguir un mayor índice de reinserción que si el preso cumple interno toda la condena, porque, a la vez, se trabaja con esas personas en procesos socioeducativos, de reinserción laboral, etc».

En todo caso, ha aplicado que, según los parámetros de derechos humanos internacionales, se considera una «buena ratio» que el 40% de las personas puedan cumplir condenas en régimen de semilibertad. En el Estado español, en estos momentos, se está en el 25%.

«Nuestro reto es el 40%, pero tampoco es una obsesión. Esto hay que conseguirlo con todas las líneas de actuación que estamos proponiendo el salud mental, en niños, en las personas mayores de 70 años. Esto no se consigue de repente», ha destacado.

Según ha asegurado, hay que ir «poco a poco» porque la competencia «es compleja y no hay que ponerse metas inmediatas». Además, ha subrayado que, en el caso de la mujeres, por el tipo de delitos que cometen, por sus circunstancias personas, si se abordan sus problemas específicos, se podía alcanzar una cuota más alta, del 50%, del cumplimiento de penas en semilibertad.