(VÍDEO) La cara de Calviño que evidencia la división en el Gobierno con respecto a la reforma laboral
A la derecha, la ministra de Economía, Nadia Calviño. A la izquierda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Las ministras de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, difieren en sus criterios para reformar el mercado laboral español
El Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles ha dejado una curiosa imagen muy visible a las cámaras de televisión. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encontraba interviniendo durante la sesión de control al Gobierno, y ha asegurado con gran rotundidad que el Ejecutivo va a «derogar la reforma laboral del PP».
«La reforma laboral del PP impide que a día de hoy podamos actuar en los despidos colectivos, hay que buscar una fórmula que permita actuar», ha insistido la titular de Trabajo mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño, se revolvía en su escaño al lado de Díaz. Calviño ha mirado con incredulidad a su compañera de Trabajo, para después suspirar y poner los ojos en blanco.
La imagen dista de ser una mera anécdota. El Gobierno tiene claro que quiere acometer cambios en la reforma laboral que en 2012 aprobó el Partido Popular —una promesa que figura desde hace años en el programa electoral de Unidas Podemos y que ha entrado y salido varias veces de las propuestas del PSOE—, pero ambas ministras tienen criterios muy distintos sobre la profundidad y el tipo mismo de esos cambios.
Díaz se ha comprometido este mismo miércoles en el Congreso a rendir cuentas ante el Parlamento si para diciembre no ha derogado la reforma. Su proyecto de asalto a la legislación la exministra Fátima Báñez consiste en actuar en los despidos colectivos, en los convenios sectoriales y de empresa, así como en la subcontratación.
Por el contrario, la prioridad de Calviño está en reducir el número de contratos a tres, uno estable, uno temporal y uno de formación.
La cuestión no es baladí, ya que las reformas en el mercado laboral son uno de los puntos fundamentales en las condiciones que España deberá acreditar ante Bruselas para recibir los 70.000 millones del fondo de recuperación. Por el gesto visto este miércoles en el Congreso, sin embargo, el Gobierno continúa dividido sobre qué rumbo tomar en el ámbito laboral.
