El Tribunal Supremo se ha opuesto a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia por el procés.
Lo más importante: la Sala de lo Penal ha emitido esta mañana su informe —que es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo—, en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano tras estudiar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados y que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos.
Subrayan también que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
La concesión del indulto, en base a una ley de 1870, es una facultad discrecional del Gobierno, que no está obligado a explicar o justificar los motivos por los que otorga esta medida de gracia. Los decretos que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) solo revelan el nombre del indultado, el tribunal que le condenó y los delitos, garantizando, sin más detalle, que concurren «razones de justicia y equidad».
En los informes que presenta semestralmente Justicia en el Congreso se revelan pocos datos más, como el porcentaje de indultos concedidos y denegados o si se han atendido los informes del tribunal sentenciador, la fiscalía y la víctima, si la hay. La tónica de los últimos años es rechazar la inmensa mayoría solicitudes de indulto que se registran. En el último semestre de 2020, por ejemplo, se concedieron 18, el 1,08 % de los que se pidieron.
De acuerdo con los balances semestrales, entre 2016 y 2020 el Gobierno ha concedido 137 indultos y en 95 de ellos (el 69,4 %) se contaba con informe favorable del tribunal sentenciador y de la fiscalía. En 33 de los indultos concedidos el tribunal sentenciador apoyó la medida de gracia y se opuso le fiscalía; y en 3 de ellos el tribunal dijo no y la fiscalía respaldó la medida.
