El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña[contexto id=»381726″].
En contexto: el abogado catalán Francesc Jufresa solicitó en su momento para los condenados el indulto total o, en su defecto, parcial, sustituyendo las penas de prisión por penas de inhabilitación o rebajando las condenas a un máximo de cuatro años.
Justicia tramitará de forma individual los expedientes de indulto de los doce condenados, un procedimiento que suele superar los seis meses, según apuntan fuentes de este departamento.
Por otra parte, el titular de Justicia ha explicado además que el Gobierno mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
Se tramitarán doce expedientes porque la primera solicitud que entró en el registro del Ministerio, en enero, pedía el indulto para los doce condenados, aunque sólo nueve fueron condenados a penas de prisión. Jufresa solicitó los indultos por «por causa de equidad y de utilidad pública». El abogado consideraba en su escrito que la sentencia plantea «graves problemas no resueltos de imparcialidad en la instrucción» y en el tribunal y «una grave afectación del principio de proporcionalidad de la pena en los términos constitucionales».
Los indultos, una medida de gracia discrecional en manos del Gobierno, se rigen por una normativa de 1870, que determina que, una vez recibida la solicitud, el ministro de Justicia debe enviarla al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que emita su informe. Ese tribunal debe solicitar el correspondiente informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la respuesta al Ejecutivo, pero su posición no es vinculante, ya que corresponde al Gobierno la decisión definitiva. En el caso de ser favorable a los reos, debe acordarse vía real decreto publicado en el BOE. La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados.
El anuncio del ministro de Justicia ha abierto una tormenta política, convencidos PP, Vox y Ciudadanos de que se trata del precio que paga el Ejecutivo por la investidura y los presupuestos. Los tres partidos han anunciado que acudirán a los tribunales si el Gobierno acaba otorgando finalmente esa medida de gracia a los condenados. Pablo Casado ha dejado claro que su partido recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse. Ciudadanos también ha mostrado su rechazo tajante a conceder «indultos o privilegios» a los condenados, mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha valorado el anuncio de Justicia como un paso en la resolución del conflicto en Cataluña que «allana el camino» para negociar los presupuestos con el «bloque de la investidura» y posibilita asimismo la mesa de diálogo.
