El juez archiva de nuevo la investigación sobre supuestos sobresueldos en Podemos
Chema Moya | EFE
El magistrado Juan José Escalonilla, encargado de investigar la gestión de Podemos, ha acordado el sobreseimiento de la causa relativa al delito de administración desleal imputado a la exgerente Rocío Esther Val, según establece un auto del 18 de junio al que ha tenido acceso Efe. A Val se la imputaba por una supuesta implementación de dos complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento presentados por ella y por el responsable de finanzas Daniel de Frutos.
En contexto: esta decisión ha sido tomada tras escuchar el pasado 21 de mayo al exgerente del partido, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y «ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado».
En lo relativo al reembolso de gastos presentados por Rocío Esther Val y por Daniel de Frutos, el juez ha mantenido las conclusiones de su auto de marzo: dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia o por el Área de Gerencia, de modo que «no se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna».
El magistrado ya archivó este caso el pasado mes de marzo tras descartar que hubiese delito porque los complementos estaban incluidos en nómina y autorizados por responsables, en contra de lo que denunciaron el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y la exresponsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona.
Estos complementos son dos: el complemento por Coordinación, por importe de 210,32€ y el complemento por Coordinación Ejecutiva por importe de 400€, que según los denunciantes no constan en las tablas salariales del partido y se atribuyeron «unilateralmente», sin acuerdo del Consejo de Coordinación. Sin embargo, el pasado 16 de abril, el juez reabrió las pesquisas en torno al presunto cobro de sobresueldos por algunos miembros del partido al estimar un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular en el caso y consideró insuficiente la documentación aportada hasta entonces.
El juez ordenó que compareciese como testigo Pablo Manuel Fernández Alarcón, gerente que precedió a Rocío Esther Val y que formó parte del equipo legal de Podemos y del Consejo Ciudadano Estatal. Fernández Alarcón dijo, según recuerda el magistrado, que él no implementó dichos los dos complementos salariales denunciados, «sino que fue fruto de la categorización de los trabajadores del partido político Podemos y la negociación interna para la configuración y realización de dicha categorización».
La Fiscalía se pronunció en dos ocasiones sobre los presuntos sobresueldos, sosteniendo que no aprecia delito porque algunos miembros de Podemos cobraron complementos de manera transparente y con control interno. El magistrado, que se centra en el contrato que firmó el partido con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019, ha cerrado varias ramas del caso, como la referida a la consultora ADB o a las obras en la nueva sede del partido, mientras que archivó pero volvió a abrir recientemente la parte referida a la Caja de Solidaridad.
