La UE abre acciones legales contra Hungría y Polonia por violar derechos LGTB
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La Comisión Europea ha anunciado acciones legales contra Hungría y Polonia por adoptar medidas que violan los derechos fundamentales de la comunidad LGTB y ha dado dos meses a dichos países para responder antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En contexto: a finales de junio entraron en vigor en Hungría las leyes que prohíben el acceso a información sobre homosexualidad y cambio de sexo a los menores de 18 años. Por otra parte, en Polonia, varios municipios y regiones han adoptado resoluciones creando unas denominadas «zonas libres de ideología LGTBI». Ambas normativas con respecto a la comunidad LGTBI están agravando las ya deterioradas relaciones que mantienen ambos países con el resto de socios de la Unión Europea.
«Igualdad y respeto por la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea (…) La Comisión utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores», apuntó la institución en un comunicado.
En al caso de Hungría, la Comisión cuestiona la reciente adopción de una ley que prohíbe o limita el acceso a contenidos que promuevan la «divergencia de la identidad con relación al sexo de nacimiento». Una medida para erradicar que se pueda hablar de homosexualidad o del cambio de sexo en las escuelas y espacios donde pueda haber menores. La Comisión señaló que la protección a los menores de edad es un interés público legítimo, pero apuntó que Hungría «no ha explicado porqué la exposición a contenido LGTB[contexto id=»383891″] puede ser dañino a su felicidad».
Ya en el caso de Polonia, la Comisión decidió actuar ante la inacción del gobierno contra las llamadas «zonas libres de ideología LGTB». La UE considera que esas «zonas», implementadas en 2019 por municipalidades y regiones de Polonia, se pueden considerar una «violación la legislación europea sobre no discriminación con base en la orientación sexual».
Según la Comisión, Polonia ignoró además varios pedidos para ofrecer detalles de la base legal de esas zonas, y de esa forma violó su compromiso de «cooperación sincera» con las instituciones europeas.
