Nicaragua lleva a cabo «graves e infundadas acusaciones» contra España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este miércoles a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida el martes por el gobierno nicaragüense en la que se vertían «graves e infundadas acusaciones» contra España y sus instituciones.

En contexto: Nicaragua ha acusado a España de carecer de «autoridad moral», culpable de «tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce y condena».

Además, la nota del Gobierno de Daniel Ortega, incluía «gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» españoles, ha subrayado Exteriores por medio de un comunicado. «Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes», prosigue el comunicado de Exteriores.

Por ello, España rechaza «de manera tajante» el contenido de la nota remitida el martes por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política».

En los últimos días España y la Unión Europea (UE) han manifestado que las decisiones adoptadas por Ortega que impiden la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el siete de noviembre, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.

España y la UE cuestionaban así el hecho de que desde el pasado mes de mayo ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales de noviembre, en las que el exlíder sandinista Daniel Ortega aspira a su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Este lunes también se conoció la decisión del Consejo Supremo Electoral nicaragüense de cancelar la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) por lo que no podrá presentarse a los comicios.

Tras las críticas de la UE y España de este lunes, la Cancillería nicaragüense ha publicado una nota dirigida al Ministerio de Exteriores de España en la que condenaba la «inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que sólo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo».

Así, el Gobierno de Daniel Ortega seguirá «denunciando, la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia».

La nota de la Cancillería denunciaba también los «crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados» de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en los años 80 y la «feroz y brutal historia colonial y neocolonial» de España y concluye preguntándose «cómo es posible que, mentecatos al fin, se atrevan a dar lecciones de democracia, cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia».